Los exministros colombianos Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron enviados a detención preventiva por orden del Tribunal Superior de Bogotá, tras ser vinculados al mayor caso de corrupción del actual gobierno: el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía los acusa de haber liderado una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría desviado más de 612.000 millones de pesos (163 millones de dólares) para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
La magistrada Aura Alexandra Rosero justificó la medida señalando que, aunque ya no ocupan cargos públicos, persiste el riesgo de que puedan “rearticular prácticas criminales” mediante redes políticas y administrativas.
- Bonilla, segundo ministro de Hacienda de Petro, renunció en diciembre de 2024 tras quedar vinculado a las irregularidades.
- Velasco, con amplia trayectoria política, fue presidente del Senado y ministro del Interior hasta junio de 2024.
- La investigación también involucra a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, detenidos en mayo de 2025.
- El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, reveló que recursos de la entidad se usaron para pagar millonarias coimas a congresistas.
Este caso representa un golpe político y reputacional para el gobierno de Gustavo Petro, al involucrar a dos de sus exministros más cercanos. La magnitud de los recursos desviados y la participación de altos funcionarios refuerzan la percepción de que la corrupción sigue siendo un problema estructural en Colombia, incluso dentro de proyectos destinados a atender emergencias y proteger a la población.
La decisión judicial también envía un mensaje sobre la independencia de los tribunales y la presión social por sancionar la corrupción en las más altas esferas. Sin embargo, el desenlace del proceso penal será clave para determinar si se trata de un caso aislado o de un patrón más amplio dentro del gobierno.
