A más de cuatro meses del ataque armado que dejó heridos a los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá, las autoridades colombianas no han reportado progresos significativos en la investigación ni han garantizado una protección integral para las víctimas, denunció Amnistía Internacional en un comunicado reciente.
El atentado, ocurrido el 13 de octubre de 2025, puso en evidencia la fragilidad de los mecanismos de seguridad para defensores de derechos humanos refugiados en el país vecino, especialmente quienes han huido de la persecución política en Venezuela. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la falta de avances judiciales profundiza la percepción de impunidad y alimenta la vulnerabilidad de las personas migrantes y exiliadas.
El atentado que sacudió a defensores exiliados
El ataque contra Velásquez y Peche se produjo en un sector residencial del norte de Bogotá cuando ambos salían de su vivienda para tomar transporte, momento en el cual fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Ambos resultaron heridos, uno en el brazo y el otro en las piernas, y fueron trasladados a un centro médico, donde se confirmó que sus vidas no corrían peligro tras recibir atención especializada.
Velásquez, activista LGBTIQ+ y defensor de derechos humanos que había llegado a Colombia tras sufrir detenciones arbitrarias y desaparición forzada en Venezuela, y Peche, consultor político con doble nacionalidad, se encontraban en el país acogidos ante riesgos vinculados con su labor en favor de los derechos fundamentales. Este contexto de persecución ha sido destacado por observadores y organizaciones por ser representativo de los peligros que enfrentan quienes defienden derechos incluso fuera de su país de origen.
Denuncia de impunidad y falta de protección eficaz
Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la falta de avances en las indagaciones judiciales cuatro meses después del hecho, subrayando que no se han identificado responsables ni se ha reconocido de manera plena la dimensión de riesgo que enfrentan estas personas. La organización enfatiza que la obligación estatal de investigar debe ser urgente, exhaustiva e imparcial, sin que los plazos prolongados profundicen el daño y la desconfianza en las instituciones.
Organismos defensores de la justicia han demandado a las autoridades colombianas la implementación de medidas de protección integrales por medio de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como el cumplimiento de compromisos internacionales sobre la salvaguardia de derechos humanos. En este sentido, se ha recordado que existen instrumentos y estándares para proteger a quienes solicitan refugio o asilo y que la insuficiencia en su implementación puede dejar expuestos a defensores vulnerables.
Vulnerabilidad estructural de migrantes defensores
La denuncia de Amnistía Internacional se enmarca en un contexto donde las trabas administrativas para obtener reconocimiento de estatus de refugiado en Colombia han aumentado la vulnerabilidad de las personas migrantes, especialmente activistas perseguidos por sus actividades en defensa de derechos humanos. La organización ha señalado que la lentitud en los procesos genera espacios de riesgo en los cuales la protección integral queda diluida entre largas esperas y procedimientos burocráticos.
La directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, Nastassja Rojas, ha señalado que estas demoras, que pueden extenderse varios años, dejan a defensores de derechos sin el respaldo eficaz que deberían tener en un país receptor, aun cuando enfrentan amenazas directas debido a su labor. Este contexto agrava la sensación de inseguridad entre quienes migran buscando seguridad y refugio fuera de su tierra natal.
Consecuencias para la confianza institucional
La organización subraya que la impunidad en casos de ataques contra defensores no solo afecta a las víctimas directas, sino que tiene un efecto corrosivo en la confianza de la sociedad en las instituciones. La percepción de tolerancia ante la violencia contra personas defensoras de derechos humanos puede enviar un mensaje perverso de que estos hechos no serán perseguidos con rigor, lo cual socava la protección de las libertades básicas en un estado democrático.
Además, la lentitud en avanzar con resultados tangibles contrasta con la gravedad del ataque, percibido por varias organizaciones como un ejemplo de los riesgos que enfrentan quienes ejercen activismo crítico, incluso en el exilio. Grupos de derechos han insistido en la importancia de que el Estado colombiano no solo investigue, sino también fortalezca sus mecanismos de protección para evitar que situaciones similares se repitan.
Reacciones de las víctimas y organizaciones
Yendri Velásquez ha declarado públicamente que continuará denunciando la situación porque considera que el silencio no ofrece protección real, y que solo la acción decidida de las autoridades puede garantizar un entorno seguro para quienes han sufrido persecución política. Su testimonio se alinea con la postura de Amnistía Internacional, que reafirma la necesidad de medidas sólidas para el resguardo de defensores en Colombia.
Organizaciones internacionales también han hecho llamados similares, y en documentos recientes instan a que las autoridades aborden de manera completa no solo este caso particular sino también el patrón de violencia y desprotección que afecta a migrantes venezolanos en el país.
Exigencia de justicia y protección
A cuatro meses del atentado que marcó un antes y un después en la percepción de seguridad para activistas venezolanos en Colombia, Amnistía Internacional mantiene su llamado a la acción urgente, insistiendo en que la justicia debe avanzar con firmeza y transparencia. El caso de Velásquez y Peche se ha convertido en un símbolo de la necesidad de proteger a quienes defienden los derechos humanos fuera de su país de origen, subrayando que la protección internacional debe ser efectiva, pronta y duradera, con la finalidad de que hechos de violencia no queden sin castigo ni medidas preventivas suficientes.
A cuatro meses del atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, la impunidad persiste
Este ataque refleja los riesgos que enfrentan personas migrantes y refugiadas, sobre todo quienes han sido perseguidas por su activismo
La obligación del Estado colombiano es…
— amnistia . org (@amnistia) February 13, 2026
Con información de Efecto Cocuyo
