Liberan a 17 detenidos en Zona 7, pero familiares insisten: “La promesa fue todos”

A medida que avanzaban las horas, comenzaron a aparecer los primeros nombres confirmados dentro del grupo anunciado. Uno a uno, los excarcelados descendieron por la rampa del recinto policial, donde eran esperados por familiares que llevaban semanas organizando guardias permanentes

La madrugada de este sábado 14 de febrero de 2026 marcó un nuevo capítulo en la crisis de detenciones por razones políticas en Venezuela. Desde la rampa del centro de reclusión conocido como Zona 7, en Boleíta, comenzaron a descender los primeros 17 ciudadanos incluidos en una lista de excarcelaciones anunciada horas antes. El momento fue recibido con abrazos, lágrimas y consignas contenidas durante más de un mes de espera. Sin embargo, la emoción no disipó el reclamo que ha acompañado a las familias desde el inicio de las vigilias: la liberación debía alcanzar a todos los detenidos.

Aunque cada salida representa un alivio individual y un triunfo para quienes han resistido bajo la intemperie, decenas de personas permanecen privadas de libertad en ese mismo recinto. Afuera, madres, esposas, hermanos e hijos reiteran que la palabra empeñada fue clara y que la justicia no puede aplicarse de manera fragmentada.

Una madrugada de abrazos y tensión

Pasada la medianoche, el silencio habitual de la zona industrial de Boleíta fue interrumpido por movimientos inusuales en los accesos de Zona 7. A medida que avanzaban las horas, comenzaron a aparecer los primeros nombres confirmados dentro del grupo anunciado. Uno a uno, los excarcelados descendieron por la rampa del recinto policial, donde eran esperados por familiares que llevaban semanas organizando guardias permanentes.

Las escenas se repitieron: lágrimas contenidas, consignas por la libertad y teléfonos móviles grabando el instante que muchos temían no vivir. Algunas madres abrazaban a sus hijos en silencio; otras gritaban sus nombres entre sollozos. El ambiente combinó alivio con incertidumbre, pues aún no estaba claro si el proceso continuaría durante la jornada.

La lista, confirmada en la madrugada, incluyó a 17 personas. No obstante, las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las condiciones jurídicas de las liberaciones ni sobre los procedimientos aplicados en cada caso.

Más de un mes de vigilia ininterrumpida

Desde mediados de enero, familiares de detenidos han permanecido a las afueras del centro policial exigiendo información y respuestas claras. Durante más de treinta días, levantaron carpas improvisadas, organizaron turnos para pernoctar y establecieron cadenas de apoyo para alimentarse y protegerse del frío nocturno.

En ese campamento improvisado se tejieron redes de solidaridad entre desconocidos unidos por una causa común. Las jornadas incluyeron oraciones colectivas, ruedas de prensa y manifestaciones pacíficas en las que reiteraron su exigencia principal: la liberación plena de quienes consideran presos por motivos políticos.

La salida de 17 personas no disolvió el campamento. Al contrario, reforzó el mensaje central de los familiares: si hubo voluntad para iniciar excarcelaciones, también debe existir para culminarlas.

“La palabra fue todos”

Entre aplausos y consignas, una frase se repitió con fuerza: “17 no son todos”. El anuncio oficial previo había generado expectativas amplias entre quienes aguardaban afuera. Muchos interpretaron que la medida abarcaría a la totalidad de los detenidos en ese centro.

Para los allegados, la liberación parcial no satisface la promesa pública. Sostienen que la libertad no puede convertirse en una concesión escalonada ni en un proceso que dependa de decisiones discrecionales. “No puede administrarse por cuotas”, afirmaron varias voceras durante la madrugada.

Las familias insisten en que aún permanecen decenas de personas recluidas en condiciones que consideran injustas. Piden que se cumpla el compromiso sin dilaciones adicionales y que se transparenten los criterios aplicados para definir quiénes salen y quiénes continúan privados de libertad.

Un centro que sigue bajo la mirada pública

Zona 7, sede de un cuerpo policial en el este de Caracas, ha sido escenario recurrente de denuncias por detenciones vinculadas a manifestaciones o pronunciamientos políticos. En las últimas semanas, el lugar se convirtió en símbolo de la exigencia ciudadana por garantías procesales y revisión de casos.

Aunque el grupo liberado ya abandonó el recinto, el foco mediático y social permanece sobre ese centro de reclusión. Organizaciones de derechos humanos han señalado la necesidad de revisar cada expediente con celeridad y respeto al debido proceso.

La madrugada del 14 de febrero no cerró la historia; apenas abrió una nueva etapa en un proceso que continúa bajo escrutinio.

La exigencia se mantiene

Con el amanecer, las carpas seguían en pie y las pancartas permanecían colgadas frente al acceso principal. Las familias celebraron cada regreso a casa, pero reiteraron que no desmontarán la vigilia hasta que el último detenido cruce la rampa.

El reclamo no se limita a la excarcelación, sino que incluye la anulación de causas consideradas irregulares y garantías de que hechos similares no se repitan. Para quienes han pasado semanas a la intemperie, la justicia debe ser completa y no parcial.

Mientras tanto, la escena en Boleíta refleja una realidad compleja: la alegría por 17 libertades convive con la angustia de quienes siguen esperando. La consigna persiste con la misma fuerza que el primer día: que sean todos y que sea ya.

 

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