La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía presentada como un paso hacia la «reconciliación nacional» tras más de dos décadas de confrontación política.
El instrumento, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, consta de 16 artículos y fue impulsado por Delcy Rodríguez. Según el oficialismo, la norma busca reparar las “heridas profundas” derivadas de sucesivos ciclos de crisis institucional.
Durante la sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez, insistió en que la amnistía representa un «perdón» para quienes hayan cometido delitos políticos tipificados en la legislación venezolana. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado el enfoque, al considerar que la figura del perdón parte de la premisa de culpabilidad de los presos políticos.
El propósito declarado de la norma
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa pretende establecer un «clima de paz, promover la convivencia» y dejar atrás episodios de violencia vinculados a disputas electorales, protestas y conflictos institucionales. En el texto se define la amnistía como un acto de clemencia soberana orientado a priorizar el futuro y fortalecer el Estado de derecho.
Para la consulta pública y la elaboración del proyecto, se designó una comisión especial presidida por el diputado Jorge Arreaza, con participación de legisladores «oficialistas y opositores». El objetivo, según sus impulsores, fue recoger observaciones que permitieran ampliar el «consenso político».
El periodo que cubre la amnistía
La ley contempla hechos ocurridos entre 2002 y 2025 y enumera 13 contextos específicos en los que aplicaría el beneficio.
Entre ellos figuran los acontecimientos del 11 de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, protestas relacionadas con el referendo revocatorio de 2004 y manifestaciones registradas en 2007 y 2009.
También abarca episodios vinculados a las elecciones presidenciales de 2013, las movilizaciones de 2014 y 2017, así como hechos asociados a la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2020. Se incluyen además situaciones derivadas de protestas de 2019, procesos internos de selección de candidaturas presidenciales en 2023 y eventos ligados a los comicios de 2024 y 2025.
No obstante, especialistas han señalado que, aunque el rango temporal parece amplio, solo cubre meses puntuales dentro de esos años.
FUERA DEL ALCANCE DE LA NORMA
Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, indicó que más de la mitad del período comprendido desde 1999 queda fuera del alcance de la norma.
El artículo 9 establece exclusiones claras. No podrán acogerse quienes estén procesados o condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, conforme al artículo 29 de la Constitución.
También quedan fuera los responsables de homicidio intencional y tráfico de estupefacientes con penas superiores a nueve años. De igual manera, se excluye a quienes hayan promovido o financiado acciones armadas o de fuerza que impliquen apoyo extranjero contra el país.
Estas limitaciones buscan, según el oficialismo, evitar la impunidad en casos considerados de mayor gravedad.
Efectos jurídicos y eliminación de antecedentes
Una vez en vigor, la ley prevé la extinción de medidas de coerción personal y la finalización de acciones penales, administrativas o civiles relacionadas con los hechos amnistiados. Los tribunales deberán decretar el sobreseimiento de causas en curso o revisar sentencias firmes para su anulación.
Además, se contempla la eliminación de registros y antecedentes asociados a estos procesos. Las autoridades policiales y administrativas deberán dar por concluidas las averiguaciones pertinentes, ya sea de oficio o a solicitud del interesado.
El debate sobre los exiliados
Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 7, que regula el procedimiento para solicitar la amnistía. Inicialmente se planteó la exigencia de presentarse ante la justicia como condición indispensable. Tras el desacuerdo, la versión final permite que quienes estén fuera del país gestionen el trámite mediante representación legal.
Este ajuste fue considerado un avance por sectores llamados opositores, aunque persisten reservas sobre su aplicación práctica y las garantías ofrecidas.
Implementación y comisión de seguimiento
La norma crea una comisión especial de 23 diputados encargada de supervisar su cumplimiento. El órgano estará presidido por Jorge Arreaza y tendrá como vicepresidenta a la diputada opositora Nora Bracho.
Mientras el oficialismo celebra la aprobación como un hito histórico, organizaciones civiles mantienen una postura vigilante. Aunque valoran cualquier medida que facilite la liberación de detenidos por razones políticas, insisten en que la reconciliación requiere garantías efectivas, transparencia en la ejecución y el cese definitivo de la persecución.
LEY_DE_AMNISTÍA_PARA_LA_CONVIVENCIA_DEMOCRATICA_TEXTO_INTEGRO_3 (1) by Martin Flores Araujo
Con información de CNN
