La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, se convirtió en un símbolo doloroso de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Su fallecimiento, atribuido a presuntas fallas en la atención médica y en la entrega oportuna del factor de coagulación que requería para sobrevivir, desató una tormenta política y social que trascendió el drama familiar.
El caso apuntó directamente a la Nueva EPS, entidad intervenida por el Estado y administrada bajo la supervisión gubernamental. Durante años, el menor recibió su tratamiento sin contratiempos. Sin embargo, desde diciembre pasado comenzaron las dificultades en el suministro del medicamento esencial. La indignación ciudadana se dirigió hacia el presidente Gustavo Petro, en un momento en que la reforma estructural del sector se mantiene como una de las principales banderas de su mandato.
Lejos de reconocer errores administrativos, el Ejecutivo adoptó una postura defensiva. En una transmisión oficial del consejo de ministros, tanto el mandatario como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalaron presuntas omisiones familiares. Las declaraciones generaron rechazo inmediato. La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió respeto por el dolor de la madre y subrayó que el cuidado no puede recaer exclusivamente en una mujer.
Revelaciones y llamados de atención
La controversia escaló cuando el jefe de Estado, durante un acto público en La Guajira, hizo referencia a apartes de la historia clínica del menor, documento protegido por reserva legal. El gesto fue cuestionado por distintos sectores, incluidos los organismos de control. El procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez exhortaron a actuar con prudencia y sensibilidad.
Desde la oposición, las críticas fueron aún más severas. El representante Andrés Forero calificó las declaraciones oficiales como una revictimización. Alejandro Gaviria, exministro de Salud, sostuvo que el trato público hacia la madre fue improcedente. Analistas como Pedro Medellín interpretaron la reacción gubernamental como un intento de desviar la atención de la crisis estructural del sistema.
La referencia presidencial al denominado “cartel de la hemofilia”, escándalo de corrupción ocurrido años atrás en Córdoba, añadió tensión al debate. Para varios observadores, vincular esa trama con la muerte de Kevin resultó inapropiado y políticamente riesgoso en vísperas electorales.
Radiografía financiera del sector
Más allá de la polémica discursiva, los datos muestran un panorama preocupante. La Superintendencia de Salud abrió investigación contra la Nueva EPS por la falta de suministro del medicamento. No obstante, la entidad se encuentra intervenida por la misma autoridad desde abril de 2024, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del control estatal.
Las cifras de la Contraloría revelan un deterioro alarmante. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda de la aseguradora pasó de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones, un incremento del 198 %. Su patrimonio, que era positivo en 2022, se tornó negativo en 6,25 billones de pesos. El organismo de control calificó la situación como una “inviabilidad estructural”.
El fenómeno no se limita a una sola entidad. Varias EPS intervenidas presentan indicadores similares. La deuda con hospitales y clínicas ha crecido de forma sostenida. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas informó que solo Nueva EPS aumentó sus obligaciones en 1,7 billones de pesos entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
Desfinanciación y efectos en cadena
Expertos coinciden en que la raíz del problema es financiera. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), asignada por el Gobierno, no cubre los costos reales del servicio, según análisis independientes. Además, los llamados Presupuestos Máximos para enfermedades de alto costo no se han girado oportunamente.
El impacto es tangible. Colsubsidio suspendió temporalmente la entrega de medicamentos en los primeros meses del año. Clínicas como la Shaio en Bogotá y hospitales regionales en Tunja, Sogamoso, Yopal y Pereira han terminado contratos con la Nueva EPS por falta de pago. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Afidro) reportó una cartera de 4,2 billones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2025, con más de un tercio en mora.
Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, afirmó que la escasez de medicamentos no obedece a desabastecimiento, sino a la falta de flujo de recursos. Diego Gil Cardozo, vocero de pacientes con enfermedades raras, advirtió que la interrupción de tratamientos genera daños irreversibles.
Las estadísticas del Sispro reflejan un aumento del 13 % en las muertes por patologías poco frecuentes entre 2023 y 2025. Paralelamente, más de 6.000 servicios de salud cerraron en el primer semestre de 2025, especialmente en atención básica.
Un debate que redefine la agenda
El fallecimiento de Kevin Acosta no solo evidenció fallas en la atención individual, sino que expuso fragilidades estructurales en la financiación, supervisión y gestión del sistema. En plena contienda electoral, la salud se convirtió en eje central del debate público.
La reforma impulsada por el Gobierno enfrenta ahora un escrutinio más intenso. Para muchos ciudadanos, el caso del menor sintetiza las carencias acumuladas y el impacto humano de una crisis que trasciende cifras y balances. La discusión sobre responsabilidades continúa, pero el desafío inmediato es garantizar que episodios similares no se repitan en un sistema que, según múltiples voces, necesita soluciones urgentes y sostenibles.
Con información de El Tiempo
