La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, continúa generando reacciones en el país. Luego de las denuncias públicas de su familia, que atribuyen el fallecimiento a la falta de suministro oportuno del medicamento requerido para su condición, la Nueva EPS emitió un comunicado en el que expone su versión de los hechos y detalla el manejo clínico brindado al menor.
El caso ha despertado inquietudes sobre la gestión de terapias esenciales para pacientes pediátricos con enfermedades crónicas y raras, así como sobre los tiempos de respuesta del sistema de salud en situaciones de urgencia.
La denuncia de la familia
Según el relato de Catherine Pico, madre del niño, Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta cerca de su vivienda. El golpe desencadenó una hemorragia que, debido a su diagnóstico de hemofilia, evolucionó con rapidez y gravedad.
La familia sostiene que el desenlace no obedeció únicamente al trauma, sino a la ausencia del medicamento profiláctico que debía recibir de manera periódica. “No murió por un golpe, él murió por falta de un medicamento”, afirmó Pico en declaraciones a medios de comunicación.
También aseguró que, tras ser remitido a Pitalito, en Huila, no recibió el tratamiento necesario y que debió esperar cerca de 24 horas mientras se gestionaba el traslado a Bogotá, adonde llegó cuando su estado ya era crítico.
Para los familiares, la demora en la aplicación del fármaco y la tardanza en la atención especializada resultaron determinantes.
La versión de la Nueva EPS
En su pronunciamiento oficial, la Nueva EPS indicó que suministró el medicamento especial hasta diciembre de 2025 y reconoció que el cambio de municipio del paciente generó un retraso en la aplicación del ciclo mensual correspondiente.
La entidad aseguró que, tras el accidente, activó un traslado aéreo y dispuso la atención en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según la EPS, la causa principal del fallecimiento fue un trauma craneoencefálico severo derivado de la caída en bicicleta, aunque aclaró que el dictamen definitivo dependerá de los resultados de la necropsia.
Mientras tanto, la familia mantiene su postura de que existió negligencia en el suministro del tratamiento y en la oportunidad de la atención médica.
Reacción de la comunidad médica
La situación motivó un pronunciamiento de diversas organizaciones científicas. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió una carta abierta a entidades como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS, el Congreso y la Defensoría del Pueblo, manifestando preocupación por la situación de niños y adolescentes con hemofilia y otros trastornos raros de la coagulación.
En Colombia, más de 6.000 personas padecen coagulopatías, entre ellas más de 3.200 pacientes con hemofilia. Estas patologías pueden generar hemorragias graves, discapacidad permanente e incluso la muerte cuando no se garantiza tratamiento continuo y oportuno.
La Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (Achop) subrayó que la profilaxis con factores de coagulación permite a los menores desarrollar su proyecto de vida en condiciones similares a las de otros niños. Negar el acceso o generar demoras injustificadas, advirtieron, vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana.
Exigencias y llamado a acciones estructurales
Las sociedades médicas solicitaron medidas urgentes para asegurar el suministro ininterrumpido de medicamentos, fortalecer la inspección y vigilancia sobre las EPS, priorizar a los menores con hemofilia como población vulnerable y establecer mesas técnicas con participación de expertos y asociaciones de pacientes.
En su comunicado, recordaron que cada episodio de sangrado prevenible representa una falla del sistema y deja una huella profunda en las familias afectadas.
El caso de Kevin Acosta no solo ha generado conmoción social, sino que también ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de acceso a tratamientos críticos en el país. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y se espera el dictamen definitivo sobre las causas del fallecimiento, el debate sobre la garantía efectiva del derecho a la salud vuelve al centro de la discusión pública.
Con información de Infobae
