Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada electoral que, por su tamaño y por su carga política, funciona como un termómetro adelantado de todo 2026: se elige el Congreso (Senado y Cámara) y, además, se vota en tres consultas interpartidistas que pretenden ordenar —o incendiar— el mapa de la carrera presidencial. La Registraduría estima 41.287.084 personas habilitadas para sufragar dentro y fuera del país, con 13.746 puestos y 125.259 mesas instaladas para la elección legislativa.
En el papel, el día se reduce a tarjetones, jurados y filas. En la práctica, la votación se juega en varias canchas a la vez: una disputa por mayorías parlamentarias, una especie de “primaria” simultánea para candidaturas presidenciales y una batalla menos visible pero decisiva: la de la credibilidad del sistema, golpeada por denuncias cruzadas, temores de violencia en territorios específicos y un agujero recurrente en el corazón de la política colombiana: la opacidad del dinero que mueve campañas.
Este reportaje reúne hallazgos de informes de riesgo electoral, comunicados oficiales y verificaciones de plataformas institucionales para entender qué está realmente en juego cuando se abren las urnas a las 8:00 a. m. y se cierran a las 4:00 p. m.
1) Un tarjetón que vale por tres: así operan las consultas del 8 de marzo
La primera clave de la jornada es la confusión: no es una sola votación. Quien llegue al puesto de votación encontrará lo legislativo (Senado y Cámara) y, si lo solicita, el tarjetón de consultas. En esas consultas, tres bloques buscan seleccionar precandidaturas presidenciales:
“La consulta de las soluciones” (autodenominado centro): Claudia López y Leonardo Huerta.
“La Gran Consulta por Colombia” (centroderecha): nueve precandidatos, entre ellos Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, David Luna y Juan Daniel Oviedo, entre otros.
“Frente por la vida” (izquierda): cinco precandidatos, entre ellos Roy Barreras y Daniel Quintero, además de otros nombres inscritos.
La Registraduría dispuso que las tres consultas aparezcan agrupadas en un mismo tarjetón, lo cual simplifica la logística, pero aumenta el riesgo de error ciudadano. La regla es tajante: solo se puede votar en una de las consultas; si una persona marca más de un precandidato (de consultas distintas o dentro del mismo tarjetón), el voto de consulta se anula.
La segunda clave, menos comentada, es que el tarjetón de consulta no es automático: circula la advertencia de que se entrega a petición del votante, lo que abre un terreno fértil para sospechas (por ausencia de tarjetones, por desinformación o por presiones) y, sobre todo, para narrativas que buscan desacreditar resultados desde antes de que existan.
2) La elección del Congreso: millones de votos, miles de candidaturas y un foco especial en las “curules de paz”
En paralelo a la consulta presidencial, el país elige Congreso para el periodo 2026–2030. La propia Registraduría reporta 3.081 candidatos aspirando a una curul: 1.071 al Senado y 2.010 a la Cámara, y adicionalmente registra 237 candidatos inscritos para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) en Cámara.
Las CITREP merecen un capítulo aparte porque son, a la vez, símbolo y fragilidad institucional: la Registraduría estima un potencial electoral de 1.438.986 personas habilitadas para votar en estas circunscripciones especiales, distribuidas en 19 departamentos y 168 municipios.
En términos operativos, la magnitud del despliegue es nacional y transnacional: en el exterior hay 1.250.846 personas habilitadas, con votación entre el 2 y el 8 de marzo, según el censo divulgado por la Registraduría.
3) El mapa del riesgo: dónde el voto puede estar más expuesto a fraude, presión o violencia
Para entender qué puede salir mal —y dónde— conviene mirar más allá de la discusión de redes sociales. La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó un estudio sobre riesgos de fraude y violencia para las elecciones nacionales de 2026. Su informe identifica 170 municipios con riesgo asociado a la coincidencia de factores (fraude y violencia), de los cuales 81 estarían en riesgo extremo, lo que la MOE describe como un aumento relevante frente a 2022.
En su resumen ejecutivo, la MOE también alerta sobre un repunte del número de municipios en riesgo, especialmente para Cámara, y subraya el crecimiento de los municipios catalogados en “riesgo extremo”. En una de las láminas del informe se señala que existen 244 municipios con algún nivel de riesgo por factores indicativos de fraude tanto para Cámara como para Senado en 2026.
En términos periodísticos, esto significa algo concreto: hay regiones donde el sufragio puede estar más expuesto a presión armada, coacción, compra de votos o alteración de la competencia electoral. Y en esos lugares, la elección no solo decide curules: decide si el Estado puede garantizar que la política no se haga a punta de miedo o plata.
4) La caja negra del dinero: cuando “Cuentas Claras” aparece… en blanco
Si el riesgo territorial preocupa, el riesgo financiero debería escandalizar. A días de la elección, un seguimiento citado por EL PAÍS a partir de un balance de Transparencia por Colombia concluye que dos de cada tres candidatos no han reportado de forma suficiente el origen y movimiento del dinero de sus campañas en Cuentas Claras, la plataforma oficial del Consejo Nacional Electoral para ingresos y gastos.
El dato es todavía más inquietante por lo que sugiere: sin reportes completos, al votante le falta una pieza básica para decidir con información. Según ese seguimiento, solo una parte de candidaturas había hecho algún reporte (con cifras desagregadas por Senado y Cámara), y se advertía que incluso entre quienes reportan hay rezagos como declarar gastos sin registrar ingresos, lo que impide rastrear el origen de recursos.
En ese mismo análisis se sostiene que la financiación reportada proviene mayoritariamente de fuentes privadas (incluidos recursos propios y aportes de particulares), mientras la financiación pública sería mínima. Eso no prueba ilegalidad por sí mismo, pero sí expone una debilidad estructural: cuando el dinero se vuelve invisible, crece la posibilidad de captura política (favores futuros, redes clientelares, patrocinadores con intereses) y se reduce la capacidad de control ciudadano.
5) El Estado aprieta el control: ley seca, fronteras y celulares fuera del puesto
En medio de este ambiente, el Gobierno expidió medidas de orden público y reglas para la jornada. Según Radio Nacional de Colombia, el Decreto 0188 fija, entre otras, ley seca desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 12:00 p. m. del lunes 9, además de cierre temporal de pasos terrestres y fluviales en frontera en ventanas específicas alrededor de la votación.
Pero hay una medida que, por su impacto directo en la experiencia de votación, merece atención especial: la restricción al uso de celulares o cámaras dentro de puestos de votación (con excepción de medios debidamente identificados, según lo reportado). El argumento de fondo suele ser evitar que la gente documente su voto para demostrarlo a un tercero —una práctica asociada a compra de votos o presión—, pero el efecto colateral es evidente: limita también la capacidad espontánea de documentar irregularidades en tiempo real.
En el mismo paquete aparecen prohibiciones y límites sobre propaganda y actividades políticas en días previos, y se recuerda incluso el tamaño permitido de una “ayuda” personal de identificación política el día de la elección (un objeto pequeño), una concesión mínima en medio del endurecimiento del control.
Con el terreno cargado, el mayor riesgo puede ser que la ciudadanía no sepa qué creer. En ese contexto, la Registraduría anunció una alianza con TikTok para difundir una guía electoral con información oficial: cómo consultar el lugar de votación, verificar jurados, conocer cargos a elegir y orientaciones para votar. La iniciativa se presenta explícitamente como una respuesta al fenómeno de desinformación y noticias falsas.
Al mismo tiempo, conviene anticipar otra fuente de confusión: los resultados de la noche electoral. La propia web de resultados del preconteo advierte —citando una resolución del CNE— que los boletines del preconteo no son vinculantes y tienen carácter informativo; el resultado formal depende de los escrutinios.
Y sobre la confianza institucional, el debate viene creciendo: hay choques públicos de alto nivel y acusaciones sin prueba que, según diversas voces, tensan el ambiente y pueden erosionar la legitimidad del resultado antes incluso de contar un voto.
En el plano internacional, se ha informado sobre misiones de observación que acompañarían el proceso, incluyendo la confirmación de la Unión Europea y expectativas sobre otras misiones, un elemento que suele funcionar como garantía adicional (y como termómetro de reputación).
Conclusión
El 8 de marzo no es solo una elección parlamentaria con una consulta “extra”. Es un ensayo general del año electoral colombiano: Congreso, presidenciales en disputa y un país que vota bajo tres presiones simultáneas: la presión territorial (violencia y riesgo), la presión económica (dinero opaco) y la presión comunicativa (desinformación y narrativas de fraude).
En los hechos, el reto no termina cuando se deposita el tarjetón: empieza. Empieza con el control ciudadano sobre lo que se puede controlar (pedir el tarjetón de consulta si se quiere participar, marcar con claridad para no anular, exigir transparencia financiera), y continúa en la lectura responsable de resultados (entender que el preconteo informa, pero no define).
La jornada del domingo será, al final, una respuesta colectiva a una pregunta que no está escrita en ningún tarjetón: ¿qué tan sólida es la confianza de Colombia en su propia democracia cuando más la necesita?
Por: Martín Flores Araujo | El Venezolano
