Desmantelan red internacional de peleas de perros en Colombia

12 caninos fueron recuperados con vida, aunque en condiciones de salud sumamente precarias

Una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional de Colombia puso al descubierto una red ilegal dedicada a la organización de peleas de perros en el municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Bajo la apariencia de un evento privado de carácter internacional, la actividad reunía a participantes de varios países y funcionaba mediante pagos anticipados y apuestas clandestinas.

El procedimiento, liderado por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), permitió la captura de 13 personas y el rescate de varios animales que presentaban signos evidentes de abuso. El caso ha generado indignación por la crudeza de los hechos y ha reabierto el debate sobre la protección efectiva de los animales en el país.

Un operativo que destapó la crueldad

Las autoridades lograron ubicar el lugar gracias a labores de inteligencia adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades especializadas de la Policía. La intervención se realizó en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, donde se llevaba a cabo la actividad ilegal en el momento exacto del allanamiento.

Al ingresar al sitio, los funcionarios encontraron un espacio acondicionado como escenario de combate, con una estructura similar a un ring y áreas destinadas para espectadores. El lugar contaba con sillas, alimentos, bebidas y otros elementos que evidenciaban la organización de un evento planificado.

La escena reveló un entorno de violencia sistemática, en el que animales eran obligados a enfrentarse bajo condiciones extremas, mientras los asistentes presenciaban los combates.

Participación internacional y organización clandestina

Las investigaciones determinaron que la actividad no era un hecho aislado, sino parte de una estructura más amplia que involucraba a ciudadanos de distintos países, entre ellos Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.

El evento era promovido de manera privada a través de redes sociales y grupos cerrados, lo que dificultaba su detección. Para asistir, los interesados debían realizar un pago previo que oscilaba entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos, lo que sugiere la existencia de un negocio lucrativo basado en el sufrimiento animal.

Además, se presume que durante estos encuentros se realizaban apuestas ilegales, lo que incrementaba la gravedad de las conductas investigadas.

Hallazgos que evidencian el maltrato

El panorama encontrado por las autoridades fue calificado como desolador. En el lugar se recuperaron 12 perros con vida, aunque en condiciones de salud extremadamente delicadas. Muchos de ellos presentaban heridas visibles, signos de desnutrición y evidencias de haber sido sometidos a entrenamiento violento.

Particularmente alarmante fue el hallazgo de cuatro caninos utilizados como “carnada”, una práctica cruel destinada a aumentar la agresividad de otros animales antes de los combates. Asimismo, dos ejemplares fueron encontrados sin vida dentro de la propiedad.

Estos elementos confirmaron la existencia de un sistema estructurado de maltrato, en el que los animales eran tratados como instrumentos de entretenimiento y lucro.

Capturas y proceso judicial

El operativo culminó con la detención en flagrancia de 13 personas, entre ellas nueve ciudadanos extranjeros y cuatro colombianos. La Fiscalía identificó como principales responsables a Juan Esteban León Ramírez, señalado como organizador del evento, y a Carlos Cifuentes Hernández, quien ejercía funciones como veterinario.

Según las autoridades, León Ramírez coordinaba la logística, convocaba a los asistentes y administraba las apuestas, mientras que Cifuentes Hernández participaba en la atención de los animales utilizados en las peleas.

A todos los implicados se les imputaron cargos por muerte animal y lesiones graves, bajo circunstancias agravadas. De manera sorprendente, los procesados aceptaron los delitos, lo que agiliza el avance del proceso judicial.

Dos de los acusados enfrentan medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los demás continuarán vinculados al caso en libertad, a la espera de una decisión definitiva.

Marco legal y sanciones en Colombia

El caso se enmarca en la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas de protección frente al maltrato. Esta normativa contempla sanciones tanto administrativas como penales para quienes incurran en conductas de crueldad.

Las penas pueden incluir multas económicas y privación de libertad, especialmente cuando se ocasiona la muerte o lesiones graves. Asimismo, se prevé la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales.

La legislación también promueve principios como el respeto, la compasión y la prevención del sufrimiento, elementos que contrastan con las prácticas evidenciadas en este caso.

Recuperación y protección de los animales

Tras el operativo, los perros rescatados fueron trasladados a centros especializados donde reciben atención médica y rehabilitación. Este proceso será prolongado, debido al estado físico y emocional en el que se encontraban.

Las autoridades ambientales y organizaciones de protección animal trabajan de manera conjunta para garantizar su recuperación y eventual reintegración a entornos seguros.

Este componente del proceso es fundamental, ya que busca reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por años de abuso.

Un llamado a reforzar la vigilancia

El desmantelamiento de esta red pone en evidencia la persistencia de prácticas ilegales que operan de forma clandestina y que requieren mayor vigilancia por parte de las autoridades.

También resalta la importancia de la denuncia ciudadana y del fortalecimiento de los mecanismos de control para prevenir este tipo de actividades.

Más allá de las capturas, el caso deja al descubierto una problemática que trasciende lo judicial y plantea desafíos en materia de cultura, educación y protección animal.

La intervención en La Calera no solo representa un golpe contra una estructura delictiva, sino también un recordatorio de la necesidad de avanzar hacia una sociedad que rechace cualquier forma de violencia contra los seres vivos.

Con información de El Tiempo

 

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