La muerte de Víctor Hugo Quero Navas, de 52 años, mientras permanecía bajo custodia del Estado venezolano, despertó fuertes cuestionamientos sobre el manejo de la información oficial, las condiciones de reclusión y la actuación de las instituciones encargadas de garantizar los derechos fundamentales de los detenidos.
Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una madre terminó transformándose en una denuncia pública marcada por contradicciones, retrasos y versiones que no coinciden entre sí.
La familia de Quero, junto a defensores de derechos humanos y organizaciones civiles, sostiene que el caso refleja un patrón de silencio institucional. Las inconsistencias en las fechas, la ausencia de información durante meses y las declaraciones posteriores del Ministerio para el Servicio Penitenciario aumentaron las sospechas sobre lo ocurrido dentro del Internado Judicial Rodeo I.
La polémica escaló aún más cuando surgieron testimonios de ex presos políticos que afirmaron haber visto con vida a Quero después de la fecha oficial de su fallecimiento.
Caso Víctor Quero: Búsqueda desesperada y falta de respuestas
Desde enero de 2025, Carmen Teresa Navas emprendió una intensa búsqueda para conocer el paradero de su hijo. La madre de Víctor Hugo Quero acudió a tribunales, organismos públicos y organizaciones internacionales con el objetivo de obtener respuestas. Durante meses denunció que el detenido permanecía en condición de desaparición forzada, mientras las autoridades guardaban silencio sobre su ubicación y estado de salud.
La mujer también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó medidas para proteger a su hijo. Incluso pidió una amnistía que finalmente fue rechazada. A pesar de cada negativa, continuó insistiendo ante las instituciones venezolanas para lograr información oficial.
El silencio comenzó a romperse el 3 de mayo, cuando la defensora del Pueblo, Eglé González, decidió recibir la denuncia y prometió activar mecanismos de búsqueda. Sin embargo, pocos días después, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó sobre la muerte de Quero. La noticia no calmó las dudas de la familia. Por el contrario, abrió nuevos cuestionamientos sobre el tiempo transcurrido sin notificación oficial y sobre las circunstancias reales del fallecimiento.
En el comunicado difundido por el ministerio, las autoridades aseguraron que Víctor Hugo Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 y trasladado posteriormente al Internado Judicial Rodeo I. El texto afirmó que el preso no suministró información sobre familiares ni vínculos filiatorios y sostuvo que ningún allegado acudió formalmente a solicitar visitas.
La versión oficial indicó además que Quero presentó una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo, razón por la cual lo trasladaron al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo. Según el documento, murió el 24 de julio de 2025 por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. El ministerio añadió que procedieron a la inhumación el 30 de julio debido a la ausencia de familiares.
Las declaraciones generaron indignación inmediata. Familiares y activistas rechazaron la afirmación sobre la supuesta falta de búsqueda por parte de la familia, debido a que Carmen Teresa Navas había denunciado públicamente durante meses la desaparición de su hijo y había acudido a múltiples instancias oficiales.
Derechos humanos bajo observación internacional
El caso Víctor Quero también provocó reacciones de organizaciones civiles y dirigentes vinculados a la defensa de los derechos humanos. Alfredo Romero, director de Foro Penal, criticó duramente el comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y calificó el anuncio como tardío e insensible.
Romero señaló que las autoridades dejaron pasar varios meses antes de informar oficialmente sobre el fallecimiento. Además, cuestionó que el Estado intentara responsabilizar indirectamente a la familia al asegurar que ningún pariente había acudido a buscar al detenido.
El abogado sostuvo que corresponde al Estado garantizar la identificación y contacto con los familiares de las personas privadas de libertad. En ese sentido, recordó que Carmen Teresa Navas realizó múltiples diligencias públicas y legales para localizar a su hijo.
Las denuncias también apuntaron hacia presuntas violaciones al debido proceso. Romero afirmó que Quero permaneció detenido sin acceso adecuado a la defensa y señaló la responsabilidad de las autoridades penitenciarias y judiciales en lo ocurrido.
Mientras tanto, organizaciones internacionales y sectores de la sociedad civil mantienen seguimiento constante sobre el caso. Diversos activistas consideran que la muerte de Quero podría convertirse en un símbolo de las denuncias relacionadas con desapariciones forzadas, aislamiento carcelario y falta de transparencia institucional en Venezuela.
La exigencia de esclarecer los hechos continúa creciendo. La familia de Víctor Hugo Quero insiste en conocer la verdad sobre lo ocurrido durante los meses de reclusión y sobre las circunstancias exactas de su muerte. En paralelo, defensores de derechos humanos reclaman una investigación independiente que permita determinar responsabilidades y evitar que el caso quede rodeado de impunidad y silencio oficial.
Con información de El Nacional
