En los últimos años, el tema migratorio ha sido abordado con un alarmismo que no resiste el rigor de los datos. En el caso de Colombia, la presencia de más de 2.8 millones de migrantes venezolanos ha dado lugar a una serie de prejuicios que los vinculan, de forma injusta y generalizada, con el aumento de la criminalidad. Sin embargo, las estadísticas oficiales desmienten esta narrativa y exigen un análisis más justo y profundo.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional de Colombia y de organismos como Migración Colombia y ACNUR, menos del 3% de los delitos registrados en el país en los últimos cinco años involucran a ciudadanos venezolanos. Esto significa que más del 97% de los crímenes en Colombia son cometidos por nacionales o personas de otras nacionalidades. Aun así, el estigma persiste, alimentado muchas veces por titulares sensacionalistas o declaraciones irresponsables.
La migración, lejos de ser una amenaza, ha representado una oportunidad. Decenas de miles de venezolanos trabajan en sectores clave de la economía informal y formal: desde la construcción y el comercio hasta la atención domiciliaria y la gastronomía. Según el DANE, más del 80% de los migrantes en edad productiva están económicamente activos, y muchos de ellos emprenden pequeños negocios que generan empleo local.
Estigmatizar a toda una comunidad por los delitos cometidos por unos pocos es, además de injusto, contraproducente. El crimen no tiene nacionalidad; tiene causas sociales, económicas y estructurales que deben ser abordadas desde la política pública, no desde la xenofobia. En lugar de alimentar discursos de odio, los medios y líderes de opinión tenemos la responsabilidad de promover una mirada más humana y basada en la evidencia.
Desde El Venezolano Colombia reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la integración y la defensa de los derechos humanos. Migrar no es un delito. Criminalizar al migrante solo refuerza barreras invisibles que entorpecen la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
