El reciente acuerdo firmado entre Colombia y Venezuela para establecer una zona económica especial en la frontera ha despertado tanto expectativas como inquietudes. Aunque el propósito oficial es dinamizar el comercio, la inversión y la cooperación binacional, expertos y representantes del sector privado advierten sobre vacíos estructurales, falta de garantías y un entorno fronterizo que, lejos de estar controlado, presenta múltiples desafíos de seguridad.
Un memorando con metas amplias pero sin hoja de ruta clara
El documento, firmado por ambos gobiernos, contempla una alianza en áreas clave como salud, educación, cultura, agricultura y turismo, y abarca los departamentos de Norte de Santander en Colombia y los estados de Táchira y Zulia en Venezuela. Con una vigencia inicial de cinco años, la propuesta busca generar un “desarrollo económico sostenible”, según expresó la ministra colombiana Diana Marcela Morales.
No obstante, la ausencia de indicadores concretos, mecanismos de fiscalización y planes operativos detallados, genera preocupación en sectores especializados, que consideran el proyecto más simbólico que práctico.
Temores por la soberanía y el control territorial
Alberto Schlesinger, analista en asuntos binacionales, fue enfático al señalar los riesgos que podría representar esta iniciativa. A su juicio, en lugar de fortalecer el control estatal, podría facilitar la expansión de redes ilegales que ya operan impunemente en la zona limítrofe.
«La frontera no está bajo control gubernamental, sino bajo estructuras criminales que manejan el contrabando, y cualquier flexibilización institucional podría reforzar ese poder de facto», alertó.
Empresariado pide garantías jurídicas y transparencia
Desde el sector privado, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, subrayó que los empresarios están dispuestos a apoyar esquemas de integración, siempre que se diseñen respetando los principios de legalidad, reglas claras y seguridad jurídica.
“Sin institucionalidad efectiva y sin el cumplimiento del marco legal, se corre el riesgo de convertir la zona en un refugio para economías informales o ilícitas”, afirmó.
Advertencias sobre el contexto político venezolano
Otro punto crítico es la participación del gobierno de Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada en diversos foros internacionales. “Compartir espacios económicos con una administración sancionada y señalada por vínculos con el narcotráfico representa una amenaza directa a la integridad del territorio colombiano”, aseguró Schlesinger.
Ante este panorama, diversos sectores abogan por una revisión profunda del acuerdo, que garantice no solo los beneficios económicos esperados, sino también el respeto al Estado de derecho, la seguridad en la frontera y la preservación de la soberanía nacional.
