El 29 de agosto de 2022, cuando Armando Benedetti presentó oficialmente sus cartas credenciales como embajador de Colombia ante el presidente Nicolás Maduro, se marcó el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que se habían dañado tras desde 2019.
Sin embargo, la normalización en la relación ha sido un proceso lento. En especial, porque Caracas sigue recelosa y con críticas hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Con Benedetti en Caracas, Venezuela le abrió las puertas al nuevo embajador colombiano. “Es un hombre con todos los poderes”, me reconoció tras unos minutos de recorrido por tres ministerios y poderes públicos -uno de los gestos más elocuentes del restablecimiento del chavismo en el nuevo mapa de consolidar plenamente la confianza.
Su intempestiva salida tras el escándalo de los decomisados audios de sus conversaciones privadas alarmaron incluso con posibles irregularidades en financiación de la campaña presidencial de Petro fue otro golpe a esa frágil relación. Desde julio de 2023, el presidente Petro no se ha pronunciado públicamente para respaldar a su exembajador del Gobierno de la revolución bolivariana y su credibilidad como representación diplomática en Venezuela.
Desde entonces, Regino, más que embajador en funciones, se mueve más públicamente en lo que parece un rol de “gestor de negocios consulares”. La poca presencia del embajador en temas políticos y su bajo perfil han sido interpretados como una señal de desinterés de la Cancillería colombiana en la agenda bilateral. Desde Caracas, fuentes diplomáticas aseguran que la relación ha entrado en una etapa de “tensión permanente”.
En el centro del más reciente impasse está la figura de la abogada Tamara Suju, defensora de derechos humanos, a quien el gobierno de Petro brindó protección ante las amenazas del chavismo.
Suju, exiliada en República Checa, fue acogida por Colombia en condición de refugiada, lo que desató la molestia de altos funcionarios del chavismo como Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen. “¿Quién dio la orden de proteger a una prófuga de la justicia que pertenece a un grupo extremista y que se encarga de hacer campaña permanente contra Venezuela?”, escribió en su cuenta de X.
El otorgamiento del refugio a Suju ocurrió en un momento en que en la mesa de negociaciones entre el chavismo y la oposición se discutían garantías para los comicios presidenciales de 2024. A esto se suma la revelación de una carta que Suju envió al presidente Gustavo Petro en agosto de 2023 en la que solicitó ayuda para garantizar su protección internacional.
En ese texto, la abogada mencionó que “dentro del régimen de Nicolás Maduro se me persigue por denunciar crímenes de lesa humanidad, corrupción y abusos de poder”. La carta, que fue respondida positivamente por el gobierno colombiano, molestó especialmente a Caracas.
El gobierno venezolano insiste en que se está politizando la relación y que hay una doble moral en el tratamiento de temas de derechos humanos.
En paralelo, otro tema que también ha generado fricción es la situación de 37 colombianos detenidos en Venezuela desde hace casi una década, acusados de paramilitarismo.
Sus familiares, que protestan en Bogotá desde hace semanas, aseguran que no han recibido respuestas claras de la embajada de Colombia en Caracas ni de la Cancillería. Una de las voceras del grupo, Alejandra Díaz, lo ha manifestado en distintos medios.
En 2024, Díaz se distanció del gobierno de Petro y en una columna denunció el “blanqueo del régimen” en instancias como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), exigido por la oposición para las resoluciones judiciales. El TSJ consideró en su momento que los 37 detenidos son “criminales confesos” y no se les debe permitir el ejercicio profesional. Desde el chavismo se afirma que no se trata de paramilitares sino de mercenarios pagados por la ultraderecha colombiana.
La solicitud de Díaz “parece formar parte de un patrón más amplio de instrumentalización del discurso de derechos humanos”, señala un informe reciente del Centro de Estudios en Derechos Humanos, según el cual algunos grupos están utilizando los canales humanitarios y los pronunciamientos internacionales como una forma de presión política.
“Estos son temas de Estado, no son casos personales”, se lee en un documento confidencial de la ONU, según Margaret Serrano.
Para Rodríguez, dolorosa fue la revelación del Observatorio de Crímenes de Odio del Rosario, que calificó la situación de los detenidos como “tratos crueles y condiciones de reclusión similares a tortura”, aludiendo a celdas sin ventilación y sin visitas familiares.
El lado colombiano, en voz de Carlos Ramírez, abogado defensor de los presos, también ha elevado la denuncia a organismos internacionales y exigió la visita de una delegación especial a las cárceles venezolanas. De momento, no se ha producido respuesta de Caracas. Mientras tanto, Alejandra Díaz continúa su cruzada y ha dicho que no descansará hasta que sus compatriotas sean liberados. Rodríguez la ha calificado de “vocera de una mentira”.
El futuro de la relación bilateral sigue siendo incierto. La tensión persiste y, aunque hay contactos a nivel consular y comercial, la confianza política entre ambos gobiernos no termina de consolidarse. La sombra de los 37 colombianos sigue siendo una herida abierta.
