La decisión del Gobierno de Trinidad y Tobago de reducir drásticamente los permisos de trabajo para ciudadanos venezolanos ha despertado profunda preocupación entre empleadores que dependen de esta mano de obra para sostener sus actividades comerciales. Agricultores, dueños de restaurantes, hoteleros y otros sectores productivos alertan sobre un inminente golpe económico en un país que enfrenta, además, crecientes tensiones geopolíticas derivadas del apoyo trinitense al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Productores agrícolas y comercios temen un colapso laboral
El agricultor Marlon Mahabir, propietario de una finca en la que trabajan doce venezolanos, describe a estos trabajadores como indispensables para la continuidad de su negocio. Asegura que sin ellos su producción se vería paralizada, especialmente ante la escasez de mano de obra local dispuesta a desempeñar labores rurales. La amenaza de deportación masiva, sostiene, afectaría tanto a las familias migrantes como a la economía nacional.
Entre esos trabajadores está Luis Paladino, de 29 años, quien abandonó Venezuela hace siete años. Paladino relata que vive bajo una constante sensación de vigilancia, evita exponerse y duerme poco por miedo a ser detenido. Su situación se repite en miles de migrantes cuyos permisos expiran el 31 de diciembre, fecha límite que deja en incertidumbre a quienes no fueron seleccionados para la renovación.
El Ejecutivo de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar solo planea aprobar 727 de las 4.237 solicitudes recibidas, una reducción que muchos empresarios consideran desastrosa.
Empresarios del sector servicios ven amenazada su estabilidad
El empresario Ashmir Mohammed, administrador de restaurantes, hoteles y bares atendidos casi en su totalidad por venezolanos, coincide en que la medida tendrá consecuencias irreversibles. Confía plenamente en su personal, al que define como responsable, puntual y esencial para la operatividad de sus establecimientos. Asegura que, de concretarse las deportaciones, deberá cerrar varios de sus negocios, pues no prevé encontrar trabajadores locales que asuman esas funciones con la misma eficiencia.
Entre sus empleadas se encuentra Andreina Pérez, contadora de profesión en Venezuela, quien actualmente administra uno de sus bares. Pérez explica que la comunidad venezolana en Trinidad llegó con el deseo de reconstruir su vida trabajando dignamente y que la incertidumbre permanente convierte cada jornada en un ejercicio de resistencia emocional.
Crisis diplomática incrementa la presión sobre los migrantes
El endurecimiento de las políticas migratorias coincide con un deterioro de las relaciones entre Puerto España y Caracas. El apoyo de Trinidad al despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe ha elevado la tensión bilateral, creando un clima de mayor hostilidad hacia los migrantes. Esta semana, la Marina de Guerra de Estados Unidos realizó ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa trinitense, un gesto que Caracas considera provocador.
En este contexto, los migrantes viven entre el temor a la deportación y un ambiente político cada vez más tenso, donde la presencia de policías y patrullajes militares incrementa la sensación de vulnerabilidad.
Expertos advierten sobre las pérdidas económicas potenciales
Para el historiador Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales, los migrantes venezolanos han compensado la falta de personal en restaurantes, tiendas, salones de belleza y comercios en general. Su participación ha permitido cubrir vacantes que la población local no ha querido ocupar, señal crucial en un país que depende de sectores con alta demanda de mano de obra flexible.
Aunque reconoce casos de explotación laboral y reclutamiento en actividades ilícitas, insiste en que representan una minoría y que la gran mayoría contribuye de manera productiva.
Legalistas advierten violaciones de derechos humanos
El abogado de derechos humanos Subhas Panday considera que la decisión del Gobierno viola principios fundamentales. Recuerda que en 2019 Trinidad y Tobago invitó formalmente a los venezolanos a registrarse, otorgando permisos temporales a más de 16.500 adultos y 2.400 niños, renovados cada año hasta ahora. Según el jurista, revertir esa política de repente vulnera garantías básicas y expone a los migrantes a detenciones arbitrarias.
Panday afirma que encarcelar a personas cuyo único “delito” es tener permisos vencidos constituye una violación de estándares internacionales.
Con información de El Nacional
