A treinta días del ataque armado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, el caso continúa sin avances sustanciales. Pese a las primeras declaraciones oficiales y a la expectativa de una pronta respuesta institucional, la investigación permanece estancada, mientras la comunidad migrante y organizaciones internacionales alertan sobre los riesgos de una posible expansión de la violencia política más allá de las fronteras venezolanas.
El atentado, ocurrido el 13 de octubre en el norte de la capital colombiana, dejó a ambos defensores gravemente heridos y expuso una trama que combina persecuciones transnacionales, contradicciones oficiales y un proceso penal que no avanza al ritmo que exige su gravedad.
Un ataque meticulosamente ejecutado
La agresión se produjo en el barrio Los Cedros cuando Velásquez y Peche se dirigían a tomar transporte público. Dos hombres descendieron de un vehículo estacionado frente a su residencia y abrieron fuego sin advertencia. Los disparos alcanzaron sus piernas, brazos y abdomen, obligándolos a recibir atención de urgencia.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque y la huida de los responsables. El automóvil utilizado, un Mazda 626 Matsuri modelo 1995, apareció abandonado horas después en la localidad de Suba. Dentro del vehículo, los investigadores hallaron dos armas de fuego y el documento de identidad de un sospechoso, presuntamente uno de los agresores.
Posteriormente, la Fiscalía estableció que el automóvil había salido del mismo edificio donde residían las víctimas, y que los agresores utilizaban un apartamento ubicado tres pisos más abajo, lo que refuerza la hipótesis de un plan estructurado y no de un ataque improvisado.
Las líneas de investigación y las incógnitas abiertas
Aunque la Fiscalía colombiana abrió un expediente penal, las pesquisas avanzan lentamente. El vehículo abandonado está registrado a nombre de un empresario llamado Jhon Jairo R. R., cuya relación con los hechos aún no ha sido determinada. Las autoridades verifican si la matrícula es auténtica o si fue clonada con fines criminales.
Hasta ahora, ningún involucrado ha sido capturado, lo que eleva las preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los patrones de persecución política que han afectado a activistas venezolanos en el extranjero.
La red Sin Mordaza exigió resultados verificables y alertó sobre la necesidad de frenar la “impunidad transnacional”, mientras las víctimas reclaman que las medidas de protección no reemplazan la obligación estatal de garantizar justicia.
El pronunciamiento de las víctimas y la presión social
Un mes después, Velásquez y Peche divulgaron un comunicado agradeciendo la solidaridad recibida, pero insistiendo en la urgencia de esclarecer lo sucedido. Subrayaron que su prioridad es preservar su integridad física y emocional, aunque remarcan que la protección es insuficiente sin verdad, reparación y judicialización de los responsables.
Tanto activistas como dirigentes políticos han expresado preocupación por la ausencia de resultados. El congresista colombiano David Luna calificó como “alarmante” la falta de avances y cuestionó públicamente a la Fiscalía por el estancamiento del caso, señalando que la impunidad envía un mensaje peligroso para quienes ya han sido víctimas de violencia política fuera de su país.
Contradicciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela
Las versiones oficiales ofrecidas por Bogotá y Caracas no coinciden. El presidente Gustavo Petro afirmó que se ampliarían las medidas de seguridad para los defensores de derechos humanos y reiteró que Colombia ofrece refugio a la población venezolana, independientemente de su postura política.
Por el contrario, desde el Gobierno venezolano, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, descartó cualquier móvil político y atribuyó el ataque a supuestos celos personales. Esta narrativa fue rechazada de inmediato por Luis Peche, quien catalogó esa versión como un intento de desviar la atención sobre la naturaleza del atentado.
A un mes del ataque, la ausencia de capturas, la multiplicidad de versiones y la lentitud de las pesquisas mantienen la preocupación entre víctimas, organizaciones y sectores políticos. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un símbolo de las amenazas que enfrentan activistas venezolanos en el exilio y de los desafíos que Colombia encara para garantizar justicia en un contexto donde la violencia podría trascender fronteras.
Con información de La Opinión
