La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Consejo de Estado. La decisión judicial, que frena temporalmente el aumento del 23 % decretado a finales de diciembre, no solo desencadenó una respuesta jurídica inmediata del Ejecutivo, sino también una convocatoria pública a la movilización ciudadana.
El presidente aseguró que respetará el fallo, pero insistió en que actuará conforme a la Constitución y defendió que el incremento fue expedido con base en criterios técnicos y sociales. En paralelo, ministros y voceros oficiales llamaron a los trabajadores a manifestarse frente a lo que consideran una medida que pone en riesgo el poder adquisitivo.
El fallo que sacudió la agenda económica
El 29 de diciembre el Ejecutivo expidió el decreto que establecía un aumento del 23 % en el salario mínimo legal vigente para 2026, cifra que dejó la remuneración mensual en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Sin embargo, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente la norma mientras estudia de fondo varias demandas interpuestas contra la medida.
La determinación judicial no implica una anulación definitiva, pero sí obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio sustentado en parámetros técnicos adicionales mientras avanza el análisis jurídico. Esta situación generó incertidumbre en distintos sectores, tanto en el ámbito laboral como en el empresarial.
Desde la Casa de Nariño confirmaron que interpondrán en las próximas horas un recurso de apelación y que evaluarán los pasos a seguir para mantener el porcentaje de incremento, que el Ejecutivo considera necesario para garantizar un salario vital acorde con el costo de vida.
La respuesta del presidente
Gustavo Petro reaccionó públicamente al pronunciamiento del alto tribunal. Señaló que acatará la determinación, pero que el nuevo decreto provisional seguirá las directrices constitucionales. “Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución”, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado sostuvo que suspender el aumento pone en entredicho el mandato constitucional que protege el poder adquisitivo de los trabajadores y que impide el deterioro real de los ingresos. En su criterio, la medida judicial podría afectar la prerrogativa del Ejecutivo para fijar la remuneración mínima cuando no existe consenso en la mesa tripartita.
Petro también enfatizó que el ajuste salarial fue concebido bajo criterios sociales y económicos que buscaban garantizar condiciones dignas, especialmente en un contexto de inflación acumulada y presión sobre los precios de los alimentos.
Nuevo decreto en preparación
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, encabezará una reunión técnica para diseñar el decreto provisional exigido por el Consejo de Estado. Según lo anunciado por el Gobierno, el documento incluirá un análisis detallado sobre la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios de algunos productos básicos.
La administración argumenta que el aumento no es el principal detonante de la inflación y que, por el contrario, puede dinamizar el consumo interno sin generar un impacto desproporcionado en la estructura de costos. En ese sentido, la defensa oficial se centrará en demostrar que la medida no vulnera principios económicos ni afecta la estabilidad macroeconómica.
Mientras se define la nueva norma, el debate continúa abierto en los escenarios políticos y jurídicos. El Ejecutivo insiste en que la cifra fijada responde a la necesidad de garantizar una remuneración suficiente para cubrir la canasta básica familiar.
Convocatoria a la movilización social
Más allá del frente legal, el Gobierno optó por trasladar la discusión al terreno ciudadano. Ministros y líderes del oficialismo convocaron a los colombianos a salir a las calles para manifestarse en defensa del incremento salarial.
El presidente invitó expresamente al pueblo trabajador a pronunciarse sobre lo que calificó como el carácter “social o antisocial” de una decisión relacionada con los ingresos mínimos. La convocatoria apunta a que la ciudadanía exprese su respaldo a la política salarial y a que el debate trascienda los despachos judiciales.
Esta estrategia marca un nuevo episodio en la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes, en un momento en que las tensiones institucionales se hacen más visibles.
Un escenario en desarrollo
La suspensión provisional no modifica de inmediato los pagos ya realizados ni los derechos adquiridos, pero sí abre un periodo de incertidumbre hasta que se expida el nuevo decreto o se emita un fallo definitivo.
El Gobierno mantiene su postura de defender el aumento del 23 %, mientras avanza en la sustentación técnica requerida. Al mismo tiempo, la convocatoria a la movilización social refleja la dimensión política que ha adquirido la controversia.
El desenlace dependerá de la respuesta judicial al recurso de apelación y de la solidez del nuevo acto administrativo. Entre tanto, el debate sobre el salario mínimo se convierte en uno de los ejes centrales de la agenda nacional, con implicaciones económicas, jurídicas y sociales que apenas comienzan a definirse.
Con información de Caracol
