Delcy Rodríguez sanciones y Esequibo quedaron nuevamente en el centro del debate internacional tras la llegada de la dirigente venezolana a Países Bajos para participar en las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
La cita forma parte del caso que enfrenta a Venezuela y Guyana por la validez del Laudo Arbitral de 1899, una decisión que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela, pero que Caracas rechaza desde hace décadas. La CIJ anunció audiencias entre el 4 y el 11 de mayo de 2026 para revisar el fondo de la controversia.
Delcy Rodríguez sanciones y exención ante la CIJ
La presencia de Delcy Rodríguez en territorio europeo generó atención inmediata porque la Unión Europea mantiene sanciones contra funcionarios venezolanos señalados por acciones contra la democracia, el Estado de derecho, la sociedad civil y la oposición. Entre esas medidas figura la prohibición de entrada al territorio comunitario, una restricción que también alcanza a Países Bajos por formar parte de la UE.
Sin embargo, su viaje a La Haya ocurrió bajo una autorización excepcional. Medios internacionales reportaron que Rodríguez contó con una exención, conocida como waiver, que le permitió asistir a la Corte Internacional de Justicia para representar la posición venezolana en el litigio por el Esequibo. Esa figura funciona como un permiso puntual para cumplir una actividad específica que, en condiciones ordinarias, chocaría con las restricciones de viaje.
Rodríguez comunicó su llegada a Países Bajos a través de Telegram y afirmó que acudía “en nombre del pueblo venezolano” para defender el Acuerdo de Ginebra de 1966. También sostuvo que Venezuela mantiene derechos legítimos e históricos sobre la Guayana Esequiba, una postura que el oficialismo ha repetido como eje de su reclamo territorial.
La funcionaria busca reforzar el argumento de Caracas en una fase clave del proceso. Aunque Venezuela cuestiona la jurisdicción de la CIJ, decidió participar en las audiencias para exponer su posición y defender que la controversia debe resolverse mediante negociación directa con Guyana. Esa estrategia mezcla rechazo jurídico al tribunal con presencia activa ante sus magistrados.
El caso también abre una lectura política. Rodríguez no solo viaja como representante de una causa territorial; además, su entrada a Europa ocurre en medio de sanciones que han limitado durante años la movilidad de altos funcionarios venezolanos. Por eso, su presencia en La Haya combina diplomacia, disputa legal y tensión internacional.
Esequibo reaviva una disputa histórica
El Esequibo ocupa unos 160.000 kilómetros cuadrados y representa cerca de dos tercios del territorio administrado actualmente por Guyana. La zona cuenta con recursos naturales, proyección energética y valor estratégico, factores que han elevado la intensidad del conflicto durante los últimos años. Caracas reclama ese espacio como parte de su territorio, mientras Georgetown defiende la validez del Laudo Arbitral de 1899.
La disputa tiene raíces coloniales. El laudo de 1899 fijó la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica, pero Caracas declaró nula esa decisión en 1962 al denunciar irregularidades en el proceso arbitral. Desde entonces, Venezuela insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el mecanismo válido para alcanzar una solución negociada y aceptable para ambas partes.
Guyana, en cambio, llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia en 2018 para que el tribunal confirme la validez del laudo y despeje la incertidumbre sobre sus fronteras. La CIJ aceptó examinar el caso y avanzó hacia una fase de audiencias públicas sobre el fondo de la controversia.
Durante esta etapa, cada país presenta argumentos jurídicos, históricos y diplomáticos. Guyana busca consolidar la frontera heredada del laudo. Venezuela intenta desmontar ese documento y colocar el Acuerdo de Ginebra como centro de la solución. La diferencia entre ambas posiciones explica por qué el caso sigue abierto y por qué las audiencias en La Haya tienen tanto peso político.
El tema también impacta la relación bilateral. La tensión aumentó en los últimos años por decisiones internas de Venezuela, declaraciones oficiales, mapas, acciones administrativas y explotación de recursos en áreas cercanas al territorio en disputa. Guyana ha advertido que el reclamo venezolano amenaza su integridad territorial, mientras Caracas acusa a Georgetown de desconocer una negociación pendiente.
En este escenario, la presencia de Rodríguez busca mostrar que Venezuela no abandona el debate internacional. Aunque el Gobierno venezolano insiste en la vía directa, sus representantes acudieron a la corte para defender su narrativa histórica y evitar que Guyana monopolice el espacio jurídico.
La Haya concentra presión diplomática
Las audiencias en La Haya llegan en un momento sensible para la política exterior venezolana. El caso del Esequibo conecta con el nacionalismo interno, la relación con Guyana, el papel de Estados Unidos, la atención de la Unión Europea y la vigilancia de organismos internacionales. Ningún movimiento ocurre de forma aislada.
El canciller venezolano, Yván Gil, reiteró que la controversia debe terminar mediante una negociación directa sin intervención de terceros. También defendió el Acuerdo de Ginebra de 1966 como la única vía legítima para resolver el diferendo. Su mensaje refuerza la línea que Caracas ha sostenido durante años: aceptar la discusión, pero rechazar que la CIJ imponga una salida definitiva.
Guyana mantiene una lectura opuesta. Su Gobierno considera que la corte tiene competencia para resolver el caso y que el laudo de 1899 conserva validez. Por eso, la disputa no solo enfrenta dos reclamos territoriales, sino dos caminos jurídicos distintos: uno centrado en la sentencia internacional y otro basado en la negociación bilateral.
La participación de Delcy Rodríguez también puede generar reacciones en Europa. La autorización excepcional para entrar a Países Bajos no elimina las sanciones ni modifica automáticamente la política europea hacia Venezuela. Más bien, muestra que las restricciones pueden admitir permisos puntuales cuando una situación judicial internacional lo exige.
Este matiz resulta importante. La exención no equivale a una rehabilitación política ni a un levantamiento de medidas. Representa una decisión limitada, vinculada a la asistencia ante un tribunal internacional. Por eso, el caso mantiene vivo el debate sobre cómo equilibrar sanciones, obligaciones diplomáticas y acceso a instancias judiciales multilaterales.
La controversia por el Esequibo seguirá después de estas audiencias. La Corte Internacional de Justicia deberá estudiar los argumentos y avanzar hacia una decisión sobre el fondo del caso. Mientras tanto, Venezuela y Guyana continuarán defendiendo posiciones enfrentadas sobre un territorio de alto valor geopolítico.
Para Caracas, la visita de Rodríguez busca proyectar firmeza y continuidad en el reclamo. Para Guyana, el proceso ante la CIJ ofrece una oportunidad para cerrar jurídicamente una disputa que considera resuelta desde 1899. Para la comunidad internacional, el caso plantea un desafío mayor: evitar que un diferendo histórico derive en una escalada regional.
La llegada de Delcy Rodríguez a Países Bajos, pese al marco de sanciones europeas, convierte una audiencia jurídica en un episodio político de alto impacto. El Esequibo vuelve a aparecer como una causa de Estado para Venezuela y como un asunto de seguridad territorial para Guyana. La Haya, mientras tanto, concentra la atención de dos países que llegan al tribunal con lecturas opuestas sobre historia, derecho y soberanía.
Con información de EFE
