Una nueva arista del drama migratorio emerge con fuerza desde los testimonios de madres venezolanas deportadas, mientras sus hijos permanecen bajo custodia del gobierno estadounidense. Son 18 menores de edad, de entre 1 y 9 años, que quedaron en manos de hogares sustitutos o instituciones en EE. UU. después de que sus padres fueran expulsados o encarcelados, especialmente tras cruzar la peligrosa selva del Darién.
Travesías truncadas y vínculos rotos
Dailymar Machado, oriunda del estado Zulia, atravesó con su bebé de dos meses la inhóspita ruta desde La Guajira venezolana hasta la frontera sur de Estados Unidos. Allí fue detenida el 26 de julio de 2024 y llevada a la llamada “Hielera”, un centro de detención migratoria conocido por sus condiciones inhumanas. Pocas horas después, le arrebataron a su hija sin una explicación clara.
“Me dolió cuando la escuché llamar mamá a otras personas”, confiesa con tristeza desde Venezuela, adonde fue deportada tras casi diez meses de encierro.
Testimonios que revelan una práctica sistemática
Como ella, Marealex Castellanos también fue repatriada sin su hija de nueve años. Arrestada por una infracción de tránsito, solicitó su deportación voluntaria, pero esta se retrasó en cuatro oportunidades. Terminó siendo trasladada junto a otras 60 mujeres en condiciones precarias. Hoy vive con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a abrazar a su hija.
Ambos casos son parte de una situación más amplia que ha sido calificada como “secuestro” por voceros del gobierno venezolano. La administración de Nicolás Maduro ha iniciado gestiones para la repatriación de los menores, aunque sin precisar estrategias ni tiempos.
Impacto emocional y legal de la separación
Organizaciones de derechos humanos advierten sobre las graves consecuencias que implica la separación forzada. Según Kelvi Zambrano, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos, “un niño no debe ser separado de su madre salvo en situaciones excepcionales y con garantías del interés superior del menor”.
Estas separaciones, lejos de responder a criterios de protección infantil, obedecen a decisiones migratorias, muchas veces automáticas y sin el debido proceso. El derecho internacional, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece la necesidad de mantener la unidad familiar salvo riesgo comprobado.
La niñez migrante, reflejo de un sistema roto
El fenómeno no es exclusivo de Venezuela. Un estudio conjunto del Center for Migration Studies y el Brookings Institution revela que más de 5,6 millones de menores viven en hogares con al menos un integrante en situación irregular en EE. UU. Estos niños están en constante riesgo de ser separados, generando secuelas emocionales difíciles de revertir.
El caso de los 18 menores venezolanos evidencia una política migratoria que sigue afectando a los más vulnerables. Mientras Caracas y Washington no restablezcan canales diplomáticos, el destino de estos niños permanece incierto. Y con él, la esperanza de miles de familias partidas por las fronteras.
