La más reciente publicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), titulada #DatosEnMovimiento, confirma lo que muchos intuían: la población migrante venezolana no solo es numerosa en Colombia, sino que también tiene una participación activa en la economía.
A pesar de los desafíos estructurales y sociales, estos trabajadores representan ya el 4,7 % del total de la fuerza laboral nacional, de acuerdo con cifras actualizadas a marzo de 2025.
Empleo sí, pero con altas dosis de informalidad
De los más de 2,8 millones de venezolanos radicados en Colombia, el 74 % de los que están en edad de trabajar se encuentra vinculado de alguna manera al mercado laboral, ya sea con empleo o en búsqueda de uno. De ellos, al menos 1,1 millones están actualmente ocupados.
Sin embargo, el empleo no siempre significa estabilidad. Según el informe, tres de cada cuatro trabajadores migrantes laboran sin contrato formal, lo que los deja sin acceso a seguridad social ni prestaciones. La mayoría se desempeña en sectores donde la informalidad es la norma: ventas ambulantes, oficios varios o transporte.
Condiciones precarias, largas jornadas y pobreza persistente
El boletín de la OIM también resalta las condiciones desfavorables en las que se desenvuelven muchos de estos trabajadores. Uno de cada seis desarrolla su labor en contextos poco adecuados, como calles, kioscos o vehículos. Además, dos de cada cinco viven por debajo de la línea de pobreza monetaria, según parámetros del DANE.
Pese a estos obstáculos, los migrantes trabajan en promedio 47 horas semanales, superando el promedio nacional. Esto refleja no solo su compromiso con el sustento propio y familiar, sino también su aporte activo al movimiento económico del país.
Impacto económico y potencial fiscal no aprovechado
Contrario a algunos discursos que vinculan migración con carga económica, el estudio Impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia, elaborado por la OIM junto con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), revela otro panorama. Si se avanzara en la formalización del empleo migrante, la contribución fiscal podría aumentar en un 52 %, pasando de USD 530 millones a USD 804 millones anuales.
Esto sugiere que los beneficios de integrar plenamente a la población migrante no solo son sociales, sino también fiscales y productivos.
No hay desplazamiento laboral, sí crecimiento neto
Finalmente, el análisis desmiente el mito de que los migrantes «quitan empleo». En Bogotá, por ejemplo, las empresas extranjeras generaron 188.000 puestos adicionales más allá de la cantidad ocupada por ciudadanos venezolanos. La OIM y la Secretaría de Desarrollo Económico coinciden en que la presencia migrante ha coincidido con una expansión neta del empleo, sin afectar de forma significativa a los trabajadores locales.
Lejos de representar una carga, la migración venezolana es una oportunidad económica para Colombia. Reconocer sus aportes, mejorar sus condiciones laborales y promover su formalización no solo es justo, sino también estratégico para el desarrollo nacional.
