La situación de los venezolanos que han cruzado la frontera hacia Colombia atraviesa un momento crítico. De acuerdo con Amnistía Internacional, la combinación de violencia creciente, obstáculos casi infranqueables para regularizar la estancia y un sistema de refugio colapsado ha incrementado la fragilidad de una población que supera los 2,8 millones de personas.
En una entrevista reciente, la directora adjunta de la organización para Venezuela, Nastassja Rojas, advirtió que los retrocesos en materia de protección internacional, sumados a episodios de agresión directa, revelan un escenario cada vez más peligroso y hostil para quienes huyen de persecución política, precariedad extrema o amenazas en su país de origen.
Un clima de violencia que se intensifica
Rojas subrayó que la violencia contra migrantes y defensores de derechos humanos ha alcanzado niveles alarmantes. El ataque ocurrido en Bogotá en octubre contra los activistas de Amnistía Internacional Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche —ambos refugiados tras denunciar hostigamiento estatal en Venezuela— marcó un punto de inflexión. Los dos defensores recibieron catorce impactos de bala, un hecho que, según la organización, reveló la absoluta fragilidad en la que viven muchos solicitantes de protección.
Aunque el atentado acaparó titulares, la representante de AI insistió en que los riesgos persisten aun cuando la atención mediática disminuye. Desde las elecciones venezolanas de 2024, afirmó, ha aumentado la llegada de perfiles particularmente vulnerables: activistas perseguidos, sindicalistas acosados, periodistas amenazados y opositores que buscan resguardo ante represalias directas.
Regularización bloqueada y un sistema de refugio desbordado
Más allá de la violencia física, el principal obstáculo para la estabilidad de estas personas es la imposibilidad de obtener un estatus migratorio seguro. Tras el cierre del Registro Único para Migrantes Venezolanos (Rumv) en noviembre de 2023, las opciones para permanecer de manera regular se han reducido drásticamente. La nueva visa especial, que según el gobierno busca ordenar la migración, exige documentos que una gran parte de los migrantes perseguidos no posee: pasaporte vigente, antecedentes penales apostillados o registros laborales formales.
Paralelamente, el mecanismo de refugio atraviesa uno de sus peores momentos. Hay 29.500 casos acumulados y demoras que pueden superar los siete años. Estas cifras, según Amnistía Internacional, dejan a miles en un limbo jurídico que impide acceder plenamente a salud, educación, empleo formal o programas de asistencia. “Hace un año hablábamos de integración; hoy discutimos cómo asegurar la atención más elemental”, lamentó Rojas al describir el evidente retroceso.
Xenofobia persistente y discriminación institucional
Uno de los aspectos más graves señalados por AI es la duplicación de la discriminación: la que proviene de sectores de la sociedad colombiana y la que emana desde las propias instituciones. Según Rojas, la primera ola migratoria de 2015 generó tensiones que no han sido superadas y, en la actualidad, las expresiones de rechazo se han extendido a discursos oficiales y decisiones administrativas.
La directora adjunta sostuvo que estas barreras no solo profundizan la exclusión, sino que conducen a situaciones en las que los migrantes quedan prácticamente desamparados. La falta de vías estables para regularizar su presencia aumenta la dependencia de empleos informales y favorece abusos, explotación laboral y dificultades para denunciar delitos por miedo a ser deportados o sancionados.
Un panorama que exige respuestas urgentes
Amnistía Internacional advierte que la combinación de agresiones, trabas burocráticas y políticas restrictivas ha consolidado un escenario hostil que demanda acciones inmediatas por parte del Estado colombiano. La organización insiste en la necesidad de reactivar mecanismos de regularización accesibles, agilizar los procesos de refugio y garantizar un trato digno para quienes buscan protección internacional.
Mientras las demoras se prolongan y la xenofobia se normaliza, miles de venezolanos continúan enfrentando riesgos diarios que contradicen la imagen de Colombia como país receptor solidario. Para Rojas, el desafío es claro: “La protección internacional no puede seguir siendo una promesa incumplida. Es cuestión de vida o muerte para muchos”.
Con información de El Tiempo
