La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 abrió un nuevo capítulo en la discusión económica y jurídica del país. El Consejo de Estado frenó temporalmente la norma que establecía un incremento del 23,7 %, cifra que ubicó el ingreso básico mensual en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, beneficiando a más de 2,4 millones de trabajadores.
Dos días después del pronunciamiento judicial, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país para explicar los pasos que adoptará su administración. En su intervención anunció que expedirá un decreto transitorio, pedirá una ampliación del plazo otorgado por el alto tribunal y defenderá el concepto de “salario vital móvil” como fundamento central de la medida.
Un decreto en revisión y una solicitud de plazo adicional
Durante la alocución del 15 de febrero, el mandatario reconoció que acatará la decisión judicial, pero subrayó que el análisis técnico requiere más tiempo del inicialmente concedido. El Consejo de Estado otorgó ocho días para expedir una nueva norma provisional que sustente de manera detallada los parámetros económicos del incremento.
“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio”, afirmó Petro, al tiempo que explicó que buscará aclarar con el magistrado ponente el alcance de la expresión “de carácter prevalente” incluida en el auto. Según el jefe de Estado, esa precisión jurídica resulta indispensable antes de emitir un nuevo documento normativo.
El Ejecutivo considera que la elaboración de un sustento más amplio sobre inflación, productividad y crecimiento económico demanda un estudio minucioso, por lo que solicitará un margen adicional para cumplir con los requisitos establecidos por el tribunal.
El concepto de salario vital en el centro del debate
Uno de los puntos clave anunciados por el presidente es la incorporación de una explicación más robusta sobre la figura del salario vital móvil. Petro pidió a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Sanguino, desarrollar un nuevo concepto técnico que respalde el aumento decretado en diciembre.
Según el mandatario, el ingreso fijado responde a la necesidad de garantizar el mínimo indispensable para cubrir la canasta básica de una familia. “En Colombia rige un salario vital, que es el mínimo de una familia y que es móvil”, señaló. Esa movilidad, explicó, implica que la remuneración puede ajustarse cuando cambian las condiciones económicas, preservando el poder adquisitivo.
La discusión será llevada a la mesa de concertación programada para el 16 de febrero, donde participarán representantes empresariales y sindicales. El Gobierno busca que el ajuste sea comprendido como un mecanismo de protección social y no como una decisión aislada.
Inflación y factores externos
En su intervención, el presidente descartó que el aumento salarial sea el responsable de la inflación registrada en enero. Indicó que el Índice de Precios al Consumidor mostró un crecimiento de apenas 0,25 %, cifra que atribuyó principalmente a la política monetaria y al alza en las tasas de interés del Banco de la República.
Petro sostuvo que el encarecimiento de productos como la carne, el tomate o la yuca obedece a factores estacionales y a dinámicas del comercio exterior. A su juicio, la expansión de las exportaciones y las variaciones del mercado internacional influyen más en los precios que el ajuste del ingreso mínimo.
El mandatario planteó que la discusión debe ampliarse hacia otras variables económicas, incluidas las decisiones del banco central y el impacto del financiamiento en la actividad productiva.
Prioridades económicas y llamado al diálogo
Más allá del debate jurídico, el jefe de Estado invitó a empresarios y organizaciones sindicales a construir un “pacto por la vida” que permita consensuar criterios salariales alineados con la realidad social. La intención, dijo, es mantener la flexibilidad del decreto y asegurar que la remuneración mínima responda a los cambios del entorno económico.
También mencionó la importancia de avanzar en la reforma pensional y revisar la política de tasas de interés como parte de una estrategia integral para fortalecer el ingreso de los hogares.
Mientras se resuelve el fondo del proceso ante el Consejo de Estado, el Gobierno insiste en que la protección del salario vital continuará vigente. El nuevo decreto, cuya expedición dependerá de las aclaraciones jurídicas y del diálogo social, buscará mantener el porcentaje del 23,7 %, siempre que logre satisfacer los criterios técnicos exigidos.
En un escenario marcado por tensiones institucionales y presiones económicas, la discusión sobre el salario mínimo se convierte en uno de los temas centrales del año, con implicaciones directas para millones de trabajadores y para la estabilidad macroeconómica del país.
#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro aseguró que el decreto del salario mínimo vital fue fijado de acuerdo a la Corte Constitucional; sin embargo, dejó claro que acata la decisión del Consejo de Estado y mañana comenzarán con la discusión de la Comisión de Concertación de… pic.twitter.com/evSEX1JWkp
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 16, 2026
Con información de Infobae
