El presidente Gustavo Petro y los integrantes de su gabinete firmaron este martes 24 de febrero la solicitud para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. La decisión se formalizó durante un consejo de ministros, en el que varios altos funcionarios estamparon su rúbrica como parte del proceso de recolección de apoyos ciudadanos.
Con este paso, el Gobierno da inicio oficial a una iniciativa popular que busca reunir más de dos millones de firmas y abrir la puerta a una eventual reforma estructural del Estado.
Un respaldo colectivo desde la Casa de Nariño
La jornada estuvo marcada por la firma del jefe de Estado y de varios miembros de su equipo ministerial. Entre quienes suscribieron la solicitud figuran la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Nhora Mondragón Ortiz; el jefe de despacho, José Raúl Morneo; y los ministros de Minas, Edwin Palma; Educación, Daniel Rojas; Vivienda, Helga María Rivas; Cultura, Yannai Kadamani; Comercio, Diana Morales; y Hacienda, Germán Ávila.
El primero en hacer pública su adhesión fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la semana anterior difundió su firma en uno de los formatos destinados a la recolección. Con la rúbrica presidencial, el Ejecutivo formaliza el inicio del proceso y envía un mensaje político sobre la cohesión interna en torno a la propuesta.
La meta establecida por el Gobierno es alcanzar 2.050.000 apoyos, cifra equivalente al 5 % del censo electoral nacional. Ese umbral permitiría activar los mecanismos contemplados para tramitar la convocatoria.
El argumento del “bloqueo institucional”
El mandatario ha defendido la necesidad de una Asamblea Constituyente bajo la premisa de que existe un bloqueo institucional que dificulta la aprobación de sus reformas sociales y económicas. Según ha expresado en distintos escenarios, proyectos clave de su agenda han encontrado resistencia en el Congreso y en otras instancias del poder público.
Para el presidente, la iniciativa popular constituye un camino democrático que permitiría al pueblo pronunciarse sobre transformaciones estructurales. En su visión, la convocatoria abriría un espacio de deliberación para redefinir aspectos centrales del ordenamiento jurídico y fortalecer la participación ciudadana.
El Ejecutivo sostiene que el mecanismo no busca sustituir la institucionalidad vigente, sino habilitar un proceso de discusión amplia sobre los cambios que considera necesarios para el país.
Reacciones y debate político
La decisión ha generado reacciones diversas en el espectro político. Sectores afines al Gobierno celebran la apuesta como una vía legítima para superar obstáculos legislativos y profundizar reformas en áreas sociales, económicas y ambientales. En contraste, voces críticas advierten que una Constituyente podría alterar el equilibrio de poderes y abrir un escenario de incertidumbre jurídica.
Analistas señalan que la recolección de firmas será una primera prueba de respaldo ciudadano a la propuesta. Alcanzar el umbral requerido implicará desplegar una estrategia organizativa en todo el territorio nacional, en un contexto de polarización política y debate público intenso.
La experiencia histórica de Colombia con procesos constituyentes, especialmente la de 1991, también ha sido evocada en el análisis. Algunos observadores destacan que aquella reforma surgió de una amplia movilización social, mientras que otros recuerdan las complejidades que acompañan este tipo de transformaciones.
El camino que sigue la iniciativa
Una vez recolectadas las firmas, estas deberán ser verificadas por las autoridades electorales para confirmar su validez. Superado ese filtro, el siguiente paso sería convocar a la ciudadanía a pronunciarse mediante un mecanismo de participación que defina si se instala o no la Asamblea.
El Gobierno insiste en que el proceso se ajustará a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley. No obstante, expertos en derecho constitucional subrayan que la viabilidad jurídica y política de la convocatoria dependerá de múltiples factores, entre ellos la interpretación de las normas vigentes y el respaldo institucional.
En este escenario, la firma del presidente y de su gabinete marca el inicio formal de una apuesta que podría redefinir el rumbo político del país. Mientras el Ejecutivo defiende la iniciativa como una herramienta para destrabar reformas y ampliar la democracia, sus detractores alertan sobre los riesgos de alterar el marco constitucional sin consensos amplios.
La discusión apenas comienza y se proyecta como uno de los ejes centrales del debate nacional en los próximos meses, en un momento en que la relación entre el Gobierno y otros poderes del Estado atraviesa tensiones significativas.
Durante el Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo y el gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. pic.twitter.com/R3uRIN7vhz
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2026
Con información de Caracol
