Provea alerta sobre riesgo en Venezuela, la organización defensora de derechos humanos advirtió que la actual etapa de estabilización económica podría relegar la justicia, la democracia y la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Óscar Murillo, coordinador general de la ONG, presentó el informe anual El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia, en el que se analiza la situación política, institucional y social del país durante 2025 y los efectos de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026.
Según Murillo, existe un peligro real de que la prioridad en la recuperación económica se traduzca en un debilitamiento de los contrapesos institucionales y en la consolidación de una «tecnocracia autocrática», en la que la estabilidad financiera y la atracción de inversiones extranjeras podrían imponerse sobre los derechos fundamentales.
Justicia y democracia amenazadas
El riesgo en Venezuela radica en que las autoridades podrían concentrarse en ofrecer garantías para la inversión extranjera mientras ignoran las demandas de memoria histórica, justicia y reparación de las víctimas. Murillo subrayó que, pese a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, el aparato represivo del Estado sigue intacto, y el marco normativo que lo sustenta permanece vigente.
Esto ha generado un contexto en el que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no cuentan con garantías reales de verdad, justicia ni reparación.
Provea insiste en que la recuperación económica debe ir acompañada de transformaciones institucionales profundas. La organización advierte que la estabilidad no puede convertirse en una excusa para aplazar reformas judiciales, electorales y de protección de derechos civiles y políticos. Solo mediante un enfoque integral será posible garantizar que la transición incluya la restitución de la Constitución, el respeto al Estado de derecho y la protección efectiva de la ciudadanía.
Murillo calificó la situación actual como un terreno frágil, donde todo está por definirse. Destacó que la sociedad civil, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos deben jugar un rol decisivo para evitar que la recuperación económica se realice a expensas de la justicia y la democracia, y para que el país avance hacia un proceso que recupere la vigencia constitucional y la participación ciudadana efectiva.
Crisis estructural: derechos humanos y deuda social
La crisis estructural de derechos humanos en Venezuela incluye restricciones graves a las libertades civiles y políticas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Murillo recalcó que el impacto de la crisis económica sobre los derechos sociales es significativo, afectando alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo digno.
La hiperinflación y el deterioro de servicios públicos profundizan la vulneración de derechos y amplían la brecha de desigualdad, dejando en situación de extrema vulnerabilidad a los sectores más desfavorecidos, incluidos pueblos indígenas como los yanomami, afectados por enfermedades como malaria y tuberculosis.
Además, la deuda social del Estado no se limita al deterioro salarial o de pensiones, sino también a la ausencia de políticas de protección para los más vulnerables. Provea exige reformas institucionales profundas, incluida la derogación de leyes represivas, la reestructuración del Poder Judicial y del Poder Electoral, así como el cese del uso de la fuerza para perseguir la disidencia política. La organización enfatiza que la liberación plena e inmediata de los presos políticos es esencial para restaurar la legitimidad del sistema democrático y garantizar la participación política sin amenazas ni represalias.
Transparencia, sociedad civil y reinstitucionalización
La recuperación de la democracia en Venezuela depende en gran medida de la capacidad de articulación de la sociedad civil, sindicatos, movimientos políticos y organizaciones sociales. Según Murillo, la reconstrucción institucional solo será efectiva si incluye mecanismos de control y supervisión que garanticen elecciones justas y transparentes, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de los funcionarios.
El informe El eclipse de la Constitución alerta que, sin estas reformas, la tecnocracia autocrática podría consolidarse, priorizando la gestión económica sobre la justicia y la protección de la ciudadanía. La transparencia en la implementación de medidas económicas y sociales es crucial para que el proceso de estabilización sea legítimo y no profundice la exclusión ni la desigualdad. Provea sostiene que la sociedad debe exigir una reinstitucionalización que devuelva el equilibrio entre poderes y fortalezca los contrapesos que aseguren la democracia.
El riesgo en Venezuela, tal como advierte Provea, radica en que la estabilización económica avance sin garantizar justicia, democracia ni reparación de víctimas. La prioridad del Estado no puede ser únicamente la atracción de inversión extranjera y la recuperación financiera: debe incluir transformaciones profundas en el ámbito institucional, judicial y electoral. La sociedad civil juega un papel clave para evitar que el país caiga en una tecnocracia autocrática y para asegurar que la recuperación económica esté acompañada de derechos humanos protegidos y procesos democráticos legítimos. La voz de la ciudadanía, sumada a la vigilancia de organizaciones como Provea, será determinante para que Venezuela recupere su Constitución y fortalezca el Estado de derecho en los próximos años.
Con información de El Nacional
