Las muertes en cárceles de Venezuela alcanzaron la cifra de 8.192 durante los últimos quince años, de acuerdo con los registros divulgados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). La organización no gubernamental pidió a las autoridades explicar las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos, presentar resultados verificables sobre la administración de los centros de reclusión y garantizar atención integral a las personas que permanecen bajo custodia del Estado.
El OVP difundió el balance este viernes mediante una publicación en la red social X. La ONG vinculó la cifra con los periodos durante los cuales Iris Varela, Mirelys Contreras, Celsa Bautista y Julio García Zerpa dirigieron el ministerio encargado del sistema penitenciario.
La organización no detalló en esa publicación las causas correspondientes a cada uno de los 8.192 decesos. Por esa razón, el registro ofrece una dimensión general de la situación, pero no permite establecer cuántas personas fallecieron por enfermedades, hechos violentos, desnutrición, falta de asistencia médica u otras circunstancias.
El pronunciamiento coincidió con los quince años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. El Gobierno estableció esa institución con el objetivo de especializar la gestión de las cárceles, coordinar la atención de los reclusos y desarrollar políticas adaptadas a las características del sector.
Según el observatorio, la creación del despacho no solucionó los principales problemas. La ONG considera que el origen de la crisis no radica únicamente en la existencia de prisiones o en la población recluida, sino en la forma como las autoridades administran los establecimientos y responden a las necesidades de quienes habitan en ellos.
Muertes en cárceles de Venezuela aumentan las exigencias de transparencia
La cifra presentada por el OVP equivale a un promedio aproximado de 546 fallecimientos por año durante el periodo evaluado. Sin embargo, esa operación matemática no refleja necesariamente el comportamiento anual del registro, pues algunos años pudieron concentrar más casos que otros.
Para comprender el alcance del problema, las autoridades tendrían que publicar datos desagregados por año, centro de detención, edad, sexo, condición jurídica y causa del fallecimiento. Esa información permitiría identificar patrones, comparar resultados y determinar qué medidas podrían reducir los riesgos.
El OVP solicitó una rendición de cuentas que no se limite a presentar anuncios generales o cambios administrativos. La organización quiere que los responsables midan el impacto de las políticas aplicadas y expliquen cómo garantizan alimentación, salud, seguridad, higiene y condiciones dignas.
Cada muerte bajo custodia requiere una investigación individual. El Estado controla el espacio donde permanece la persona detenida, regula su movilidad y decide cuándo puede acceder a consultas, medicamentos o traslados hospitalarios. Esa responsabilidad obliga a los organismos públicos a prevenir situaciones que puedan poner en peligro su vida.
La privación de libertad limita el derecho a desplazarse, pero no elimina las demás garantías fundamentales. Las personas recluidas conservan el derecho a la integridad, la salud, la alimentación, el acceso a la justicia y un trato compatible con la dignidad humana.
La transparencia también resulta necesaria para los familiares. Cuando una persona muere dentro de un centro penitenciario, sus parientes necesitan recibir una explicación clara, conocer los informes médicos y acceder a los resultados de las investigaciones. La falta de información aumenta el dolor y alimenta dudas sobre las circunstancias del deceso.
El registro de 8.192 fallecimientos plantea preguntas sobre las políticas que aplicaron las distintas administraciones del ministerio. El observatorio mencionó a cuatro responsables que ocuparon la dirección del organismo durante el periodo analizado y pidió evaluar sus resultados.
La ONG sostuvo que la conducción del sistema no puede depender de la improvisación. A su juicio, las decisiones que afectan a los reclusos necesitan planificación, conocimiento técnico y mecanismos de evaluación permanentes.
Administrar una prisión exige atender desafíos de seguridad, salud pública, convivencia, infraestructura y reinserción social. También requiere coordinar el trabajo de custodios, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y personal administrativo.
Una política sin información actualizada puede asignar recursos de manera incorrecta, ignorar enfermedades o responder tarde frente a situaciones críticas. Por ese motivo, el observatorio reclama que los funcionarios utilicen diagnósticos y establezcan metas verificables.
La atención médica concentra parte de las preocupaciones
El informe anual del OVP correspondiente a 2025 documentó 181 muertes bajo custodia del Estado. La organización mencionó la falta de atención médica oportuna como un factor relacionado con varios de esos casos.
Entre las causas señaladas aparecen afecciones cardiovasculares y cardiorrespiratorias, fallas multiorgánicas y episodios de shock hipovolémico. Estas condiciones requieren evaluación clínica, diagnóstico, medicamentos y, en determinadas circunstancias, traslados urgentes a centros hospitalarios.
Los problemas de salud pueden agravarse cuando los centros penitenciarios carecen de personal médico suficiente, equipos de diagnóstico o tratamientos continuos. Una enfermedad controlable puede convertirse en una emergencia si el paciente no recibe atención a tiempo.
Las autoridades penitenciarias necesitan establecer protocolos para detectar síntomas de alarma, solicitar ambulancias y autorizar traslados. También deben garantizar que los reclusos con enfermedades crónicas mantengan sus controles y reciban los medicamentos indicados.
La prevención ocupa un lugar igualmente importante. Las condiciones de higiene, el acceso al agua potable, la calidad de los alimentos y la ventilación influyen directamente en la salud. Si alguna de estas áreas falla, aumenta la posibilidad de infecciones, descompensaciones y otros cuadros clínicos.
El hacinamiento, cuando existe, puede intensificar estos problemas porque dificulta el aislamiento de pacientes, eleva el contacto entre personas y presiona los servicios disponibles. Sin datos oficiales actualizados sobre la capacidad y la ocupación de cada recinto, resulta complejo medir la dimensión de ese riesgo.
El OVP insiste en que las personas designadas para dirigir el sistema deben contar con formación y experiencia en asuntos penitenciarios y derechos humanos. La organización rechaza que los responsables lleguen al cargo para aprender mediante ensayo y error.
Las decisiones improvisadas pueden afectar la alimentación, los traslados, las visitas, la clasificación de la población y el acceso a servicios básicos. En un espacio cerrado, cualquier falla administrativa produce consecuencias inmediatas sobre individuos que no pueden buscar soluciones por sus propios medios.
Los equipos de salud también necesitan independencia profesional. Los médicos deben evaluar a cada paciente según criterios clínicos y recomendar su traslado cuando la situación lo exija. Las decisiones de seguridad no deberían impedir una atención necesaria para preservar la vida.
Además, los centros requieren historias médicas organizadas y accesibles. Un expediente completo permite conocer diagnósticos anteriores, alergias, tratamientos y resultados de exámenes. Esa continuidad resulta fundamental cuando cambia el personal o trasladan al detenido a otra instalación.
Las familias pueden aportar información sobre enfermedades previas y medicamentos. Por ello, las autoridades deben mantener canales de comunicación que permitan recibir datos importantes sin exponer a los parientes a procedimientos innecesariamente complejos.
El OVP reclama profesionales especializados y resultados medibles
El observatorio cuestionó la idea de que un cambio de ministros, la creación de planes o el aumento de estructuras burocráticas puedan resolver por sí solos la crisis. Para la ONG, el país necesita evaluar los resultados concretos que esas decisiones producen dentro de los recintos.
Una política penitenciaria integral debería combinar seguridad con atención sanitaria, educación, trabajo, apoyo psicológico y preparación para la reinserción. Limitar la administración al control interno deja de lado los factores que pueden reducir la reincidencia y favorecer el regreso a la sociedad.
La formación del personal representa otro componente esencial. Los custodios necesitan herramientas para manejar conflictos, detectar riesgos médicos, prevenir malos tratos y responder ante emergencias. Los equipos profesionales también requieren condiciones laborales adecuadas para cumplir sus funciones.
El OVP reclama indicadores que permitan medir la asistencia integral. Entre ellos podrían figurar la cantidad de consultas médicas, los tiempos de respuesta, el suministro de medicamentos, los traslados hospitalarios y la investigación de cada fallecimiento.
Las inspecciones independientes ayudarían a verificar las condiciones reales. Estas visitas podrían incluir entrevistas confidenciales con los detenidos, revisión de instalaciones y comprobación de registros. Los resultados deberían generar recomendaciones y plazos de cumplimiento.
El Poder Judicial también interviene en la situación penitenciaria. Los retrasos procesales prolongan la permanencia de personas que esperan sentencia o revisión de sus causas. Una coordinación eficaz entre tribunales, fiscalías, defensas y autoridades carcelarias puede reducir demoras y evitar detenciones innecesariamente extensas.
Asimismo, los mecanismos de denuncia deben proteger a quienes informan sobre irregularidades. Reclusos, familiares y funcionarios necesitan canales seguros para reportar negligencias, violencia o falta de atención sin exponerse a represalias.
La cifra de 8.192 muertes exige una respuesta institucional sustentada en información. Las autoridades deben explicar qué ocurrió, cuántos casos investigaron, qué responsabilidades determinaron y cuáles medidas aplicaron para evitar nuevas pérdidas.
El pronunciamiento del OVP vuelve a colocar la situación penitenciaria dentro del debate público. Aunque las personas privadas de libertad permanecen fuera de la vida cotidiana de gran parte de la sociedad, el Estado conserva la obligación de protegerlas.
La ausencia de detalles sobre cada deceso impide extraer conclusiones definitivas únicamente a partir del balance divulgado. No obstante, la magnitud del registro refuerza la necesidad de abrir los datos, facilitar la supervisión y responder a las preguntas de los familiares.
Quince años después de la creación de un ministerio especializado, el observatorio considera que la administración penitenciaria todavía no ofrece resultados suficientes. Su exigencia apunta ahora hacia una gestión profesional que coloque la vida, la salud y la dignidad en el centro de las decisiones.
La rendición de cuentas permitirá determinar si las políticas aplicadas cumplieron sus objetivos o si el país necesita una reforma profunda. Mientras las instituciones no presenten información completa, las 8.192 muertes continuarán representando una deuda de explicación para el Estado venezolano.
Con información de EFE
