Excarcelan a tres policías metropolitanos luego de permanecer más de dos décadas detenidos en Venezuela, la liberación ocurrió la noche del 19 de mayo, confirmó la organización Foro Penal y fuentes vinculadas a la sociedad civil.
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, estuvieron privados de libertad desde abril de 2003 por su presunta vinculación con los sucesos violentos ocurridos el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno, que dejaron múltiples víctimas y que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente del país.
Su excarcelación se da en el contexto de un anuncio de liberación de 300 presos políticos realizado por Jorge Rodríguez, como parte de medidas dirigidas a personas consideradas en condiciones de vulnerabilidad.
Contexto y hechos de la liberación
Estos antiguos funcionarios, que fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad y otros delitos, estuvieron recluidos en diversos centros penitenciarios del país, incluyendo Ramo Verde y el centro penitenciario Fénix en el estado Lara.
La liberación de Rovaín, Bolívar y Molina se da en el marco de una decisión más amplia anunciada por la Asamblea Nacional sobre la excarcelación de 300 presos políticos que, según las autoridades, se incluye dentro de un proceso de beneficios judiciales dirigido a personas en condiciones de vulnerabilidad, como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas, lactantes o detenidos con enfermedades.
Este contexto de liberaciones ha generado debates tanto dentro como fuera de Venezuela, debido a la magnitud de la medida y a las críticas históricas sobre el sistema de justicia en el país.
Implicaciones y legado del caso 11‑A en la prisión de los metropolitanos
Durante los años que estos tres exfuncionarios estuvieron encarcelados, numerosas voces de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y defensores de derechos humanos mantuvieron la exigencia de una revisión del caso.
El partido Primero Justicia y la ONG Foro Penal, entre otros, denunciaron en múltiples ocasiones que el juicio contra Rovaín, Bolívar y Molina fue parcializado, injusto y viciado, calificando su situación como de presos políticos que no habían tenido acceso a beneficios procesales pese a haber cumplido gran parte de sus sentencias.
El caso de estos policías metropolitanos se remonta a los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando una marcha opositora en Caracas derivó en enfrentamientos violentos en el centro de la ciudad, particularmente en la zona de Puente Llaguno, que dejaron al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos. Rovaín, Bolívar y Molina fueron acusados de complicidad en homicidio calificado frustrado, además de otros cargos como lesiones personales graves y uso indebido de armas de fuego.
Aunque varios de sus colegas en esa causa han sido liberados con el tiempo por razones de salud o cumplimiento de condena, estos tres permanecieron en prisión por más de dos décadas hasta su reciente excarcelación.
A lo largo de los años, se presentaron solicitudes de amnistía a favor de estos exfuncionarios, que fueron negadas por tribunales venezolanos el pasado marzo, cuando un tribunal rechazó que la ley de amnistía pudiera aplicarse a sus casos alegando que los delitos imputados no calificaban para ese beneficio. Esta negativa profundizó las críticas sobre la falta de acceso a medidas alternativas o beneficios procesales, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal contempla condiciones para la progresión de penas después de cumplido un porcentaje significativo de la condena.
El debate sobre si su encarcelamiento fue político se intensificó en los últimos años a medida que diversas organizaciones internacionales y locales documentaron presuntas irregularidades en el proceso judicial, desde la falta de pruebas concluyentes hasta la duración extraordinaria de la prisión, lo que consolidó su estatus como algunos de los presos políticos más antiguos de Venezuela.
Reacciones familiares, sociales y sobre la justicia venezolana
La excarcelación de estos tres hombres provocó reacciones emocionadas entre familiares y simpatizantes que esperaban su liberación desde hace décadas. La esposa de Héctor Rovaín describió el momento como una experiencia de “felicidad enorme” después de 23 años de prisión, reconociendo que, aunque el logro parecía simple, en realidad representó un camino lleno de dificultades y espera constante.
Estas expresiones reflejan el impacto humano de un proceso judicial largo y polémico que marcó la vida de miles de seres queridos y de una comunidad entera que clamó por justicia.
Organizaciones como Realidad Helicoide han recordado que, si bien la liberación de los tres exfuncionarios es significativa, aún existen más de 500 presos políticos en Venezuela, según sus estimaciones, lo que mantiene viva la discusión sobre amnistías, revisiones judiciales y la reforma del sistema de justicia penal en el país.
El impacto político de este caso también trasciende lo familiar y lo jurídico. El anuncio oficial de liberaciones masivas ha sido interpretado por diversos sectores como un gesto de acercamiento político en un entorno en el que las tensiones entre diferentes actores internos y presiones internacionales han influido en la agenda de derechos humanos y reformas judiciales en Venezuela. Aunque algunos analistas han criticado que tales medidas respondan a presiones externas o a estrategias de imagen, otros las ven como un paso hacia la reconciliación y el respeto a garantías fundamentales.
Con información de El Pitazo
